En la justicia federal se investiga si las coimas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sean un caso aislado, sino que exponen el “modus operandi” de una corrupción extendida en otras áreas del gobierno de Javier Milei. Esa es la sospecha que empieza a tomar cuerpo a medida que avanza la investigación del juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, a cargo del caso del “Karina–Gate”.
Según publicó el portal LPO, el caso expuso un mecanismo de recaudación ilegal que tributaría a los Menem y Karina Milei, como jefa última, bajo la mirada displicente de Milei, que habría elegido no intervenir pase a las advertencias de Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis.
El propio Presidente pareció avalar esta hipótesis cuando este lunes dijo en un acto en la localidad bonaerense de Junín: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.
“El caso de las coimas apunta al corazón del modus operandi de la corrupción de Milei”, afirmaron a LPO fuentes al tanto de la investigación, que transcurre bajo secreto de sumario. Por eso, este lunes el fiscal Picardi pidió al juez Casanello que bloquee las cajas de seguridad bancarias de Spagnuolo, su número dos, el ex funcionario Daniel Garbellini y los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan, Emmanuel y Eduardo Kovalivker.
De manera sorpresiva, el juez y el fiscal se movieron con una celeridad inusual para Comodoro Py ante casos que tocan el poder. De hecho, LPO reveló en exclusiva hace un año que un abogado había denunciado este esquema de coimas con la Suizo Argentina y el fiscal Carlos Rivolo, la archivó sin mayores explicaciones.
Ahora, la historia es muy distinta. Casanello y Picardi avanzaron en los allanamientos de las casas de los involucrados para hacerse de las pruebas –teléfonos celulares, computadoras–, pero con alguna astucia no avanzaron todavía con pedidos de detenciones. Esto evita que camaristas solidarios con la administración liberticida pretendan quitarles la causa que golpea de lleno en el relato oficialista de la supuesta “lucha contra la casta” y “contra la corrupción”.
En esos procedimientos, Picardi se encontró con una actitud que lo indignó especialmente: el deliberado entorpecimiento del operativo por parte de la seguridad privada de Nordelta para darle tiempo a Jonathan Kovalivker a vaciar sus cajas de seguridad y fugarse con esas y otras pruebas. Por eso, Casanello evalúa pedir el procesamiento del jefe de Seguridad del country, Ariel De Vincentis.
En Comodoro Py ya saben que el gobierno intentará caracterizarlos como “kukas”, pero el tema no les preocupa. Casanello fue nombrado por la ex presidenta y Picardi fue subsecretario del Ministerio de Justicia durante el segundo gobierno de Cristina Kirchner, bajo la órbita del por entonces ministro Julio Alak.
Al presentarse este lunes ante Casanello y Picardi, el empresario Jonathan Kovalivker entregó su teléfono celular pero se negó a facilitar la clave del aparato. De igual manera, Spagnuolo tampoco entregó las claves de sus teléfonos. El único investigado que aportó los datos para que revisen su dispositivo telefónico fue Garbellini, justamente, el apuntado por el exdirector de la ANDIS, como el organizador de los supuestos retornos.
Un dato que habría despertado profundo interés habría sido la revelación de La Nación sobre el voluminoso incremento de los contratos de la droguería Suizo Argentina durante el gobierno de Milei. Según ese artículo, pasó de 3900 millones de pesos en 2024 a 108 mil millones de pesos este año. Y los contratos no se firmaron sólo con la ANDIS, sino también con los Ministerios de Defensa y de Seguridad y hasta con organismos como el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones)
