Este 29 de octubre, por medio de la Resolución N° 7236/25, el Consejo General de Educación que preside Daniela López, autorizó la jubilación de José Ángel Britez, el profesor de informática que está acusado de abuso sexual agravado en el marco de la causa por las violaciones de niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de La Plata.
Según informa el sistema del CGE, el trámite N° 22433/25 (“Jubilación-Ordinaria Resolución N°3782/25 – I.P.S.”) fue iniciado por Britez, el 11 de septiembre pasado. El proceso culminó la semana pasada, con la resolución 7236/25 del CGE que habría firmado Daniela López, pese a que sigue abierto el sumario administrativo en contra de Britez. Debía esperar una resolución del Instituto de Previsión Social de Misiones.
La fecha de inicio del trámite jubilatorio es relevante porque ese día, 11 de septiembre, ingresó en la Cámara de Representantes de Misiones, un proyecto de comunicación de la diputada provincial Gladys Cornelius (UCR) para que el CGE informe todos los pormenores del caso, en el que hubo múltiples irregularidades, siempre en beneficio del acusado Britez.
Luego de la impactante revelación de Agencia Hoy, a fines de noviembre del año pasado, cuando la fiscal de La Plata Cecilia Corfield confirmó a este medio que el fallo de prescripción que benefició a Britez en la causa Próvolo, no estaba firme, la directora general del CGE Daniela López decidió reabrir el sumario administrativo contra el profesor en cuestión. De hecho, Corfield señaló a este medio, que en ningún momento nadie del CGE se comunicó con ella para confirmar si había apelado el fallo de prescripción o no.
Cabe aclarar que un fallo de prescripción no implica que los delitos no fueron perpetrados, sino que se venció el plazo legal para investigar los hechos, en este caso aberrantes.
A la fecha, el sistema muestra que el Trámite N° 10829/20 (“Elevación-BAJA DEFINITIVA SUMARIO ADMINISTRATIVO”) iniciado por Britez el 9 de diciembre del 2020, continúa pendiente. Ese expediente está “en espera” en el Departamento de Sumarios desde el 23 de diciembre de ese año. Son casi 5 años sin resolución al pedido del propio Britez para que se dé de baja el sumario.
“Próvolo”, la palabra “prohibida” en el CGE y en la EPET 7 de Jardín América
El docente, que es hermano de una exconcejala renovadora de Jardín América, fue detenido por orden judicial, el 29 de abril del 2019, cuando fue esposado en la Escuela Provincial de Educación Técnica N° 7 de esa localidad. Así lo informó el Boletín Oficial de Misiones. Pero en 2020, consiguió un fallo de prescripción de primera instancia y el CGE autorizó en 2021, reincorporarlo al sistema educativo a condición de que no esté al frente de aulas ni en contacto con alumnos de niveles inicial, primario, secundario y especial.
Para ese entonces, Britez llevaba años como docente de la EPET 7 de Jardín América. Con la resolución N° 966/21, el CGE facultó “a la Dirección de Educación Técnica, que proceda a ubicar provisoriamente y/o definitivamente al señor (…) Britez (…) en otro establecimiento escolar y/o dependencia del Consejo General de Educación”.
Sin embargo, esa Dirección de Educación Técnica no cumplió con la reubicación y Britez aparecía, hasta el 30 de octubre pasado, ocupando 13 plazas laborales distintas, para un total de 84 horas secundarias, de las que cobra por 42 horas –el máximo posible– en las plazas n° 605371 (26 horas titulares) y n° 605372 (16 horas interino) como “Profesor Ninguna”.
Curiosamente, quien nunca habló del caso y de su responsabilidad en el presunto incumplimiento de la resolución 966/21, es la titular de la Dirección de Educación Técnica, Rossana Ayala. Tampoco se pronunciaron jamás sobre el tema, el Ministro de Educación Ramiro Aranda y la Subsecretaria de Educación Gabriela Bastarrechea. Supuestamente, son funcionarios que condenan la pedofilia y el abuso sexual de menores, más aún, cuando los perpetradores son docentes.
En cambio, Daniela López sí habló del caso Britez, una única vez, el 28 de noviembre del 2024, en declaraciones al diario Primera Edición. “El director de Enseñanza Secundaria del CGE, Diego López, me confirmó que el hombre inició sus trámites jubilatorios, pero ahora este trámite queda suspendido mientras dure el sumario administrativo. Cuando el CGE dio por concluido el sumario, en 2021, no había encontrado nada que impidiera su regreso al cargo”, explicó la directora general.
“De todas maneras, la Dirección de Asuntos Legales del CGE tomó conocimiento de lo publicado en los medios sobre la causa y el pedido de apelación de la prescripción de la causa, por lo que la Dirección de Sumario volvió a abrir el expediente hoy (por ayer)”, dijo por entonces, Daniela López, al diario matutino posadeño.
Con la jubilación autorizada por la resolución 7236/25 del CGE, queda en claro que López incumplió con su palabra, porque el trámite jubilatorio no se suspendió “mientras dure el sumario administrativo”, sino que se consumó, en beneficio del profesor acusado de pedofilia.
Por entonces, Daniela López dijo que en su gestión se habilitó la posibilidad de abrir sumarios de oficio, sin necesidad que se presente una denuncia formal ante el CGE. “La denuncia pública a través de los medios de comunicación es el puntapié inicial para abrir muchos sumarios y actuar en forma inmediata”, destacó López por entonces, y menos de un año más tarde, autorizó la jubilación de Britez.
De acuerdo con la titular del CGE, “un docente con sumario abierto no puede jubilarse porque éste puede determinar cómo sanción su exoneración o retrogradación del cargo”. El caso Britez, demuestra justo lo contrario: el profesor acusado de pedofilia, corrupción de menores y abuso sexual con acceso carnal agravado, que tendría vínculos con la Iglesia Católica y el poder político en Jardín América, ya está formalmente jubilado y no aparece en la planta orgánica nominal de la EPET 7 (CUISE 4007)
El CGE de Misiones se enteró de la investigación penal contra José Ángel Britez en 2019 cuando el juez Jorge Moya Panisello de Buenos Aires ordenó su detención en la causa instruida por la fiscal penal platense, Cecilia Corfield. Los hechos de abuso sexual investigados en el Instituto Próvolo de La Plata ocurrieron entre 1980 y 1990.
Para la detención preventiva de Britez en 2019, se tuvo en cuenta el testimonio de varias víctimas que relatan los abusos sexuales sufridos por parte del profesor ahora jubilado y que permitieron concluir a la fiscal Corfield que constituyen “prima facie”, “los delitos de abuso sexual simple agravado por su condición de guardador o educador -cumplía funciones de profesor de informática-, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados -por lo menos cinco hechos-, y corrupción de menores agravada por el medio comisivo y por la edad de la víctima”.
El profesor acusado de pedofilia, aparece ocupando 13 plazas laborales distintas en la EPET 7
En una nota publicada en Página 12 en mayo del 2019, se dio a conocer el testimonio de dos de sus víctimas, que en el momento de los hechos tenían entre 8 y 10 años, y permanecían internadas en el Instituto Próvolo de La Plata, porque sus familias vivían en otras provincias, quienes relataron cómo eran sorprendidas en sus camas o en el baño por Britez, quien “los accedía carnalmente”. A causa de esos abusos, sufrieron “un daño en la salud psíquica irreparable, tanto en su sexualidad como en su vida diaria, angustia, desazón, deseos de autoeliminación, venganza”.
Según el Boletín Oficial N° 15.015, publicado el 27 de septiembre del 2019, “el 29 de Abril del corriente año (2019), aproximadamente a las 9 horas, se hacen presentes en la Institución Escolar dos (2) agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la ciudad de La Plata a cargo del Comisario Inspector Alejandro Fabián Ojeda quienes proceden a la detención del docente (Britez)” y que “esa detención es ordenada por EXHORTO que el Juez Jorge F. Moya Panisello del Juzgado precitado envía al Juez con competencia territorial en la localidad de Jardín América, Provincia de Misiones.”
“(…) En el Exhorto cuya copia se adjunta fojas 02, se transcribe el auto que ordena la “... detención de JOSÉ ÁNGEL BRITEZ en orden a los los delitos de abuso sexual simple agravado por su condición de guardador o educador, -cumplía funciones de profesor de informática-, abuso sexual con acceso carnal reiterado agravados -por lo menos cinco hechos-, y corrupción de menores gravado por el medio comisivo y por la edad de las víctimas, los dos primeros en concurso real entre sí, y a su vez en concurso ideal con el último”, completa el edicto publicado en aquel Boletín Oficial de Misiones.
