El viernes pasado, 1° de agosto, la diputada provincial Gladis Cornelius –vicepresidente segunda de la Legislatura de Misiones–, con el acompañamiento de su par Rosi Kurtz, presentó dos proyectos de comunicación vinculados a las múltiples denuncias por corrupción que se conocen sobre el Consejo General de Educación (CGE), y en particular, referidos a la Dirección de Educación Superior (DES) que preside el militante de la agrupación renovadora Adomis, Luis Oviedo.
En uno de los proyectos, la diputada radical solicita que el CGE que preside Daniela López brinde informes sobre lo que denunció la docente Romina Paul: las presuntas, manipulación de los planes de estudio y alteración de las plantas nominales y las horas superiores, que beneficiarían a la vicedirectora Marta Pavluk y otras docentes, a instancias de la interventora Nerea Babi y el mencionado Oviedo.
En el segundo proyecto, la legisladora directamente solicita que se lleve a cabo una auditoría externa en el CGE, en virtud de los múltiples escándalos y denuncias que viene acumulando el organismo desde hace años, especialmente en el último tramo de la gestión del exdirector general Luis Alberto “Colita” Galarza y en la actual administración de Daniela López.
Agencia Hoy accedió a los proyectos presentados en la última semana de julio, que llevan a otro nivel de exposición el caso de la presunta adulteración de planes de estudios y horas superiores, que atentarían contra la estabilidad de docentes que son titulares en el nivel mejor pago del sistema educativo de Misiones.
El proyecto firmado por Cornelius y Kurtz referido específicamente a las presuntas irregularidades en la Normal Mixta de Posadas, solicita al Poder Ejecutivo Provincial, que, a través del Consejo General de Educación de la Provincia de Misiones, “informe sobre la situación denunciada en los medios respecto a la presunta corrupción por horas superiores en la Escuela Normal Superior EEUU del Brasil”.
En sus fundamentos, la diputada sostiene que “la damnificada presentó una denuncia ante el Ministerio de Trabajo debido a los reiterados reclamos realizados por el ocultamiento del cargo de vicedirectora del turno noche. La profesora Romina Paul radicó en el organismo que preside Silvana Giménez, la misma denuncia que impulsó ante el (CGE) y que fue presuntamente desviada por el Director de Educación Superior Luis Oviedo”, detalla el proyecto.
“Prosigue la lucha institucional de la profesora Romina Paul para revertir y dejar sin efecto una presunta manipulación espuria de cargos en la Escuela Normal Superior EEUU del Brasil, establecimiento donde asegura que la interventora Nerea Babi, en complicidad con la vicerrectora Marta Pavluk y el Director de Educación Superior Luis Oviedo, ‘ocultaron’ una designación para el cargo de vicedirectora de turno noche”, añade la legisladora en los considerandos del proyecto.
“En el contexto de las acusaciones por violencia laboral contra las autoridades de la Normal Mixta y el escándalo institucional con posibles derivaciones judiciales –inclusive en el fuero penal–, Paul radicó el pasado martes 22 de julio, las denuncias ante el Ministerio de Trabajo de la provincia. Se trata de una transcripción de las mismas denuncias que ya presentara ante el (CGE) y que, según advirtió Paul, fueron bloqueadas por el propio Oviedo y Babi, por medio de un artilugio burocrático para que el reclamo no llegue a la presidencia del CGE”, sostiene la diputada en la iniciativa.
Asimismo, la diputada recuerda a las autoridades provinciales que “en la extensa presentación que hizo al Ministerio de Trabajo, Paul solicita la revocación de la Resolución N°4074/25 del CGE, ‘por vicios sustanciales en la motivación y en el procedimiento seguido’. ‘Se solicita a las autoridades administrativas y jerárquicas del CGE que inicien una investigación sumarial para determinar responsabilidades por el ocultamiento deliberado de la Resolución N°2084/25 y la violación del debido proceso administrativo, como así de todo el crisol de irregularidades que violentaron mi trabajo’, planteó la profesora en el escrito”, indica la legisladora, retomando la denuncia formulada por Paul.
En el proyecto, Cornelius sostiene que la docente mencionada, reclamó el “ofrecimiento inmediato del cargo de Vicedirección del turno noche, conforme se establece en el estatuto docente, con designación retroactiva desde el 24 de febrero hasta el 31 de julio de 2025 (Ajustándose a las leyes)”
En base a esos planteos de la docente Paul, la diputada provincial de la UCR pidió al Ejecutivo provincial, “con urgencia una explicación oficial y detallada sobre las actuaciones realizadas ante los hechos y requerimos que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes”.
La iniciativa tomó estado parlamentario y sería tratada en la Comisión de Educación que preside la diputada renovadora Mabel Cáceres.
Por otra parte, el segundo proyecto también ingresado en la Legislatura misionera, va más allá del reclamo coyuntural en torno a la Normal Mixta y apunta a un saneamiento completo del CGE. En este proyecto, Cornelius reclama con carácter urgente, que “el Poder Ejecutivo Provincial a través del organismo con competencia”, realice “una auditoría administrativa externa al Consejo General de Educación”.
Asimismo, solicitan que el Ejecutivo provincial “disponga la cesantía inmediata de funcionarios/as en caso de incumplimiento del Estatuto Docente, Decretos vigentes y lo dispuesto en el Régimen de Asistencia, Puntualidad y Licencia Docente, Decreto 542/83; encomiende la actualización inmediata de la información institucional disponible en la página web del organismo”; y “remita una copia íntegra de la misma a la Cámara de Representantes y que la misma sea publicada en el Boletín Oficial.”
“De esta forma solicitamos identificar las debilidades en el control interno de la entidad, generar credibilidad de los estados financieros, generar un punto de vista imparcial frente a la situación y proporcionar un informe completo para los estamentos del Poder Legislativo para generar un análisis neutral de la situación del mismo”, consigna la diputada en la iniciativa que también habría pasado a la Comisión de Educación.
La legisladora argumenta que este pedido de auditoría administrativa externa, “surge del reclamo y preocupación de docentes y de la comunidad educativa en general por la compleja situación que atraviesa (el organismo educativo) respecto a las numerosas denuncias de corrupción en plantas funcionales tanto del CGE como en instituciones educativas. Es de público conocimiento que con anterioridad fue realizada una auditoría interna la cual no previó los últimos hechos denunciados en los medios”, remarcó Cornelius.
“Solicitamos una auditoría externa para identificar las debilidades en el control interno de la entidad, generar credibilidad de los estados financieros, generar un punto de vista imparcial frente a tantas irregularidades denunciadas y proporcionar un informe completo para los estamentos del Poder Legislativo con el fin de generar un análisis neutral de la situación del mismo”, enfatizó la diputada en el proyecto de comunicación.
Como es de público conocimiento, el oficialismo tiene mayoría automática como para bloquear cualquier pedido de informes, con lo que es posible que esta iniciativa no prospere. Primero debería obtener un dictamen favorable en la Comisión de Educación, algo bastante complejo, dados los números de oficialistas y opositores. Con dictamen, el proyecto podría tratarse en el recinto.
Sin embargo, más allá de que el proyecto no sea aprobado, la sola presentación otorga visibilidad al reclamo de Paul y a los planteos que numerosos docentes vienen haciendo sobre la gestión de Daniela López y, en especial, sobre la labor del Director de Educación Superior, Luis Oviedo.
