Este jueves se conoció un proyecto de ley para que los funcionarios del Estado que sean designados en empresas públicas o privadas, no cobren sueldos por esas funciones. Luego de que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su renuncia al directorio de YPF, el diputado nacional Esteban Paulón impulsó esta iniciativa para regular el ejercicio de la representación del Estado Nacional en los órganos de administración, dirección, fiscalización y/o control de sociedades y entidades con participación estatal, y establece que dicha función sea ad honorem.
Dado el contexto en el que se presentó este proyecto, algunos ya lo denominan “Ley Adorni”. El exjefe de Gabinete había sido efectivizado en el directorio de YPF en enero de este año. Según estimaciones oficiales, su salario promedio era de 95 millones de pesos, pero lo cedía por ejercer el cargo de Jefe de Gabinete. Al ser eyectado de la función pública en medio de la causa por enriquecimiento ilícito, si no renunciaba al directorio, iba a pasar a cobrar su sueldo en YPF.
Cada integrante del directorio de YPF gana un sueldo de US$954.000 en 2026 por una tarea que insume no más de cuatro horas al mes. Así lo indica un documento de la empresa aprobado el 8 de abril. De acuerdo con ElDiarioAr, esa remuneración es en promedio, por lo que algunos directores cosecharán un ingreso largamente superior a US$1 millón, y otros bajarán a cerca de los US$500.000.
Entre los directores se encuentran el exjefe de Gabinete Guillermo Francos y el exministro del Interior Lisandro Catalán. Otro delegado del Poder Ejecutivo, era Manuel Adorni, y su reemplazo es el actual Jefe de Gabinete, Diego Santilli. El directorio de 12 miembros está compuesto por representantes políticos del Gobierno nacional (Santilli, Catalán y Francos), las provincias de Chubut, Santa Cruz, Neuquén y Mendoza, la secretaría de Energía, el ministerio de Economía y el Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, entre otros.
Según informó el portal Parlamentario, el proyecto de ley impulsado por Paulón tiene como objetivo un régimen de integridad, transparencia, austeridad, publicidad y rendición de cuentas que asegure el ejercicio de dicha función con exclusiva sujeción al interés público.
Según la iniciativa: “La representación del Estado Nacional en las entidades comprendidas en la presente ley constituye una función pública ejercida exclusivamente en interés del Estado y de la comunidad”. En ese sentido, plantea que “no constituye fuente de beneficios económicos personales ni genera derecho a percepción retributiva alguna”.
“Las personas designadas por el Estado Nacional para ejercer funciones de representación en órganos de administración no podrán percibir de dichas entidades, honorarios, dietas, utilidades, bonos, acciones, premios, incentivos, gratificaciones, suplementos, compensaciones, viáticos ni ningún otro concepto retributivo o beneficio económico derivado del ejercicio de dicha representación, cualquiera sea su denominación o modalidad de instrumentación”, remarca y agrega que “ese cargo tendrá carácter ad honorem”.
Sobre este punto, aclara que, si la persona designada no desempeña de forma simultánea ningún otro cargo, empleo o función remunerada en el Sector Público Nacional, podrá percibir una remuneración exclusivamente por el ejercicio de la representación prevista en la presente ley, pero puntualiza: “En ningún caso la remuneración mensual total podrá superar el equivalente a la remuneración correspondiente a un Secretario de Estado del Poder Ejecutivo Nacional. Queda prohibida toda percepción adicional, cualquiera sea su naturaleza o modalidad, que permita superar dicho límite”.
Además, propone la creación de un Registro Nacional de Representantes del Estado en Empresas y Sociedades con Participación Estatal, en el ámbito de la autoridad de aplicación. “El Registro tendrá por objeto garantizar la transparencia activa, la trazabilidad de las designaciones, el control del régimen previsto en la presente ley y el acceso público a la información relativa al ejercicio de la representación estatal”, indica el texto del proyecto.
Entre los argumentos, Paulón explica que el origen del proyecto fue tras la difusión de las extraordinarias remuneraciones percibidas por directores designados por el Estado Nacional en YPF S.A. Aquellas cifras —de una magnitud difícilmente conciliable con la realidad económica que atraviesa nuestro país— despertaron un legítimo debate social acerca de los límites éticos del ejercicio de la función pública y de la utilización de recursos vinculados al patrimonio estatal.
“La obscenidad de esas remuneraciones no puede analizarse de manera aislada ni reducirse a un caso particular. Resulta todavía más inadmisible cuando se produce en un contexto en el que el propio Estado exige a millones de argentinos un esfuerzo permanente, expresado en la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, la reducción de políticas públicas esenciales, el ajuste sobre áreas sensibles y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población”, reclamó el diputado nacional.
