En la víspera, se confirmó la postura del gobernador Hugo Passalacqua sobre el debate por el proyecto de reforma de la Ley Nacional 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, que el presidente Javier Milei y el oficialismo impulsan en el Senado.
El mandatario provincial solicitó a los senadores nacionales por Misiones que rechacen la iniciativa conocida con el nombre de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que promueve la extranjerización de tierras, el eliminar el tope del 15% a la compra de terrenos por parte de individuos y empresas extranjeras.
Este pronunciamiento se conoció el mismo día en el que el senador ultraderechista del PRO, Martín Göerling, anticipó que apoyará la iniciativa que se va a tratar el 8 de agosto, luego de fracasara el intento de obtener la media sanción el jueves pasado en el Senado.
Fue el ministro Coordinador de Gabinete, Carlos Sartori, quien ratificó el pedido de Passalacqua a los senadores nacionales Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Fue en el marco del conversatorio denominado “Extranjerización de Tierras: Reforma a la Ley 26.737”, que se realizó este miércoles en la sede del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio), en Posadas.
Según publicó el diario Primera Edición, el ministro reveló que Passalacqua mantuvo una reunión con los senadores de la Renovación, que integran el partido Encuentro Misionero, para transmitirles la posición institucional de la Provincia frente al proyecto que será tratado en el Senado de la Nación el próximo 6 de agosto. Sartori también indicó que el Gobierno provincial también mantiene conversaciones con los diputados nacionales por Misiones para transmitir la misma postura frente al tratamiento legislativo.
“El gobernador se reunió con los senadores para expresarles la postura del Gobierno de la provincia y les pidió encarecidamente que no voten esta ley”, afirmó Sartori.
La definición del rechazo al proyecto de extranjerización de tierras que impulsa el presidente Milei en el Congreso, se da en el contexto de varios pronunciamientos en contra de la iniciativa, formulados por agrupaciones políticas e intendentes de Misiones. Vale aclarar que en la provincia, cinco departamentos ya superan el tope del 15% a la venta de tierras a extranjeros, con Iguazú superando el 39% de terrenos en poder de foráneos. Así lo reveló el mapa elaborado por el Observatorio de Tierras, conformado por un grupo de investigadores universitarios.
Días atrás el Movimiento por lo que Viene, espacio político que trabaja para la reelección de Passalacqua, que había solicitado públicamente a los tres representantes misioneros en la Cámara alta que voten en contra de cualquier modificación que implique flexibilizar los controles sobre la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.
Desde el Gobierno provincial sostienen que la discusión tiene especial relevancia para la provincia debido a su condición fronteriza y por el valor estratégico de sus recursos naturales. En ese sentido, Sartori remarcó que Misiones concentra una parte significativa de la biodiversidad argentina y que gran parte de su territorio limita con Brasil y Paraguay.
Durante el conversatorio aludido, Sartori adelantó que la Provincia continuará difundiendo los alcances del proyecto en distintos ámbitos. En ese marco, la temática será abordada este jueves durante la reunión ampliada del Gabinete con intendentes de casi 40 municipios que se realizará en San Ignacio.
Allí, representantes técnicos del Ministerio de Ecología brindarán información sobre la reforma y sus posibles efectos sobre el territorio misionero, con el objetivo de que los jefes comunales puedan trasladar el debate a sus localidades. “Queremos generar más espacios de debate e información en toda la provincia porque la defensa de la tierra no depende solamente de los funcionarios o de los dirigentes, sino de toda la población”, expresó Sartori, en declaraciones que chocan de lleno con la postura del gobierno ultraderechista y sus aliados del PRO.
El posicionamiento del Ejecutivo provincial se suma a otros sectores que en los últimos días expresaron su rechazo a la modificación de la normativa vigente. Entre ellos se encuentran la Red de Mujeres por el Movimiento, la Asociación de Intendentes del Norte de Misiones (ADINM), la Comisión de Desarrollo Estratégico Integral de Municipios (CODEIM), funcionarios provinciales y exintendentes, quienes reclamaron mantener las restricciones actuales sobre la concentración y extranjerización de tierras rurales.
Según el mapa elaborado por el Observatorio de Tierras en Misiones no se cumple el tope del 15% de tierras en poder de extranjeros, en los siguientes departamentos:
En Iguazú, el 39,95% de las tierras, 114.407 hectáreas son de extranjeros;
En Montecarlo, el 18,36% de las tierras, 31.867 hectáreas son de extranjeros;
En Libertador General San Martín, el 16,78% de las tierras, 24.858 hectáreas son de extranjeros;
En Concepción, el 16,40% de las tierras, 11.796 hectáreas son de extranjeros;
En Eldorado, el 16,24% de las tierras, 31.266 hectáreas son de extranjeros;
La reforma que empuja el bloque de Libertad Avanza que preside Patricia Bullrich en el Senado, estipula que los capitales extranjeros –empresas o personas– podrán adquirir cuanta tierra pretendan, inclusive en zonas con reservorios de agua o acceso a ríos, arroyos y lagos.
El texto del proyecto de Ley de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, que el Gobierno de Milei no pudo lograr que la Cámara de Senadores apruebe el jueves pasado, a horas de la histórica victoria de Argentina sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial de Futbol, entre otros puntos, dificulta el proceso de estatizaciones, flexibiliza la compra de tierras por parte de extranjeros y elimina restricciones a terrenos que se incendiaron.
Según publicó el diario Página 12, se busca modificar profundamente la Ley del Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales Nº 26.737. Esa Ley fue derogada por el artículo 154 del mega DNU 70/23, pero una cautelar judicial suspendió los efectos del Decreto.
Sancionada en el 2011, la actual Ley de Tierras establece limitaciones a la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de tierras rurales.
En cuanto a la Ley de Manejo del Fuego Nº 28.815, la ley de extranjerización que se debatirá el 8 de agosto, “propone restablecer un equilibrio entre la protección ambiental y el derecho a la propiedad”. Desde la modificación de 2020 se impide por 60 años modificar el uso de inmuebles en caso de incendios, en un intento de evitar los incendios vinculados a la especulación inmobiliaria.
La reforma de Milei, que será apoyada por el PRO en el Congreso, resalta la necesidad de “fortalecer el régimen preventivo en conjunto con la obligación de recomponer el daño ambiental”, lo que resulta en una contradicción teniendo en cuenta que es el propio Gobierno Nacional el que desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del Fuego: el ajuste presupuestario es del 69% con respecto a 2023.
En tanto, el proyecto deroga el artículo 22 bis de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego. El mismo dispone que “en caso de incendios, sean estos provocados o accidentales, que quemen vegetación viva o muerta, en bosques nativos o implantados, así como en áreas naturales protegidas debidamente reconocidas y humedales se prohíbe por el término de 60 años desde su extinción realizar modificaciones en el uso y destino que dichas superficies poseían con anterioridad al incendio”.
También se elimina otro tramo del artículo 22 que sostiene que, en el caso de “vegetación viva o muerta, en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural”, se prohíbe realizar modificaciones y actividades diferentes a las previas al incendio por 30 años.
Al igual que con la Ley de Glaciares, más allá de los cambios y derogaciones, le da la potestad a las provincias de tomar las decisiones que crean más convenientes. Hasta el momento, la legislación establece que el 15% del territorio nacional, provincial o municipal puede pertenecer a un ciudadano extranjero o persona jurídica cuyo porcentaje de capital social en manos de extranjeros sea suficiente para “formar voluntad social mayoritaria”.
Si la ley se aprueba, ese tope y esas limitaciones se eliminan. La prohibición solo será válida para Estados extranjeros (no personas humanas o empresas privadas), quienes, salvo que reciban una autorización especial, no podrán comprar tierras.
Si bien a nivel nacional las tierras en manos de extranjeros llegan al 5%, unos 13 millones de hectáreas, el equivalente a la extensión de Inglaterra, la ley ya se incumple. Pero más allá de los porcentajes, la ley busca habilitar la compra en zonas de valor natural y estratégico como cuerpos de agua, bosques nativos e incluso áreas fronterizas con Estados extranjeros, como es el caso de Misiones. También prevé eliminar el límite de 1.000 hectáreas que puede poseer como máximo un mismo titular extranjero en la zona núcleo.
