En el tramo del Presupuesto 2026 que defendió la directora general del Consejo General de Educación, Daniela López, el Ejecutivo provincial propone incrementar en un 660% las erogaciones para la Educación Superior y Universitaria, que pasará de los actuales $7.873.354.000 (en 2025) a $59.828.865.000 (en 2026) Esta medida fue duramente cuestionada por diversos referentes sindicales y docentes de Misiones, que cuestionan el fenomenal incremento en recursos destinados a institutos terciarios de Misiones, justamente, donde se han multiplicado los casos de presuntos “acomodos” en horas superiores, en la cuestionada gestión del Director de Educación Superior, Luis Oviedo.
De esos casi 60 mil millones de pesos que recibirá la administración central de la Educación Superior: $9.411.482.000 son para el Ministerio de Educación y $50.417.383.000 para Tesorería. Y de este dinero que sería destinado a la tesorería, según informó López a los diputados de la Comisión de Presupuesto, el 99,17%, es decir $50.000.000.000 se consignan con el código SDC 0–03 “Programas a Implementar”.
Este martes, el diputado provincial Cristian Castro (PAyS) contó a Agencia Hoy que “hay 50 mil millones para ‘Programas a implementar’”, y cuando preguntó “si hay alguna obra prevista, López fue para otro lado y no me respondió eso”.
Agencia Hoy consultó a referentes de la docencia en Misiones, sobre esta sospechosa asignación de $50 mil millones a estos programas en la Educación Superior. “Programa a implementar es cualquier cosa”, señaló a este medio, el secretario adjunto de la CTA Autónoma, Leandro Sánchez, uno de los integrantes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL)
“Necesitamos que destinen más plata para los comedores escolares, que arreglen las escuelas, que compren materiales que no llegan a las escuelas, tizas, borradores, registros, libros, los arreglos de informática y una recomposición de salarios. Por ahora no vemos mucho de eso”, completó el referente del gremio Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones.
Por su parte, la secretaria general de la Unión de Docentes Nueva Argentina Misiones (Udnam) Estela Genesini, ratificó a Agencia Hoy que los gremios no fueron consultados sobre esta medida que asigna $50 mil millones a “programas a implementar”. “No tenemos ni idea de esto. Por lo menos, a nosotros, no nos consultaron ni nos dijeron absolutamente nada de nada”, aseveró Genesini.
“Nos preocupa tamaña cantidad de dinero. ¿A dónde va? Porque no se ve en las escuelas. La Educación Superior tiene las escuelas que están en pie, por el trabajo de los profesores y de la comunidad educativa”, aclaró Genesini. Y añadió: “Ellos (por el CGE) tratan de cerrar divisiones todo el tiempo y dejar a la gente sin horas en reestructuraciones (de cursos)”
En esta línea, Genesini ratificó: “No entendemos a dónde va semejante cantidad de dinero”.
Exequiel Ferreira, de la agrupación Corriente Conti Santoro, analizó varios puntos del Presupuesto 2026, defendido por Daniela López en la Legislatura provincial este lunes. “La Escuela de Innovación tendrá 707.691.000 millones por fuera del presupuesto educativo. Un monto tan exorbitante no puede ser destinado a una institución en la cual no rige ni un criterio de control y no se respeta el régimen de carrera docente”, planteó.
“Por otro lado, si bien se presenta un presupuesto un incremento del 27,6% nominal. En el presupuesto para administración central varios rubros representan una caída en relación al 2025. En Cultura se pasa de 27.447.364.000 a 18.852.282.000 (–31%); en “Cultura y Educación – Varios”, hay una caída de –10%; y una caída más acentuada en Educación Elemental que se pasa de 8.662.974.000 a 3.534.980.000 (–59%)”, denunció Ferreira.
Por el contrario, “en el otro extremo, aparece el incremento de 660% a la Educación Superior de los cuales el 83% se encontrará retenido en ‘programas a implementar’ (sin mencionar siquiera que programas tienen en agenda). Es decir, dicho presupuesto será administrado discrecionalmente por el director de la DES Luis Oviedo, que acumula un prontuario en desmanejo de fondos y acomodos en el sector”, advirtió Ferreira.
“Como militante sindical y trabajador de la educación, no nos oponemos a aumentos en las partidas presupuestarias, sin embargo, no convalidamos este tipo de utilización del presupuesto sin siquiera mediar un panificación de su ejecución, que en manos de Oviedo podría derivar en corrupción y acomodos o en sobrefacturación con los ‘amigos’ de Libutti Diseños Inteligentes”, soltó, filoso el docente de Conti Santoro, en referencia a la opaca contratación directa del Ministerio de Educación, para la adquisición de mobiliario educativa.
De acuerdo con el referente de Conti Santoro –organización que integra el FTEL–, esta asignación se concreta “en una sociedad en la cual, según datos de las Aprender 2024, 1 de cada 5 estudiantes no concibe la posibilidad acceder a estudios superiores, de manera inmediata y 3 de cada 10, no ve como posibilidad acceder a la educación superior a lo largo de toda su vida”.
Esta falta de expectativa de acceso a la educación superior aparece, “sobre todo en los quintiles más pobres de la población, que obviamente, están agobiados por una realidad socioeconómica que tiende a empeorar cada vez más. A esto se le suma un ajuste general que golpea fuertemente a las universidades, encabezado por el presidente Javier Milei, que ya se refleja en una deserción del 40% en lo que va de este año”, fustigó Ferreira.
Además, el docente recordó que hay recorte “de becas fundamentales como el Comedor Universitario, que implican que la otra vía para acceder a educación superior en el marco del ajuste nacional, también queda trunca. Mientras todo esto sucede, se reservan el 83% de los fondos en ‘programas implementar’ gestionados por una administración fraudulenta. Pero el 30% de los y las estudiantes no ve la educación superior como parte de su futuro”, reflexionó Ferreira.
A su tiempo, la referente de la Asociación Misionera de Profesionales de la Educación (Amipe) Carolina Domínguez, evaluó sobre la medida que se impulsa en el Presupuesto 2026. “La decisión de destinar 50 mil millones de pesos a la educación superior en Misiones es cuestionable en el contexto actual”, arrancó diciendo la docente.
“Nuestra provincia atraviesa una situación donde miles de jóvenes no logran completar los niveles obligatorios (Inicial, primaria y secundaria) debido a factores estructurales: la necesidad de trabajar para ayudar en el hogar, la falta de recursos materiales básicos, e incluso la ausencia de condiciones mínimas como una alimentación adecuada. A ello se suma el desinterés y la apatía que muchos adolescentes manifiestan hacia una escuela que todavía no consigue ser un espacio atractivo y significativo para ellos”, alertó Domínguez, en contacto con este medio.
Para Domínguez, “resulta difícil comprender que se priorice una inversión de semejante magnitud en un nivel no obligatorio, cuando lo urgente y lo prioritario debería ser garantizar que todos los niños y adolescentes accedan, permanezcan y egresen efectivamente de los niveles inicial, primario y secundario.”
“Allí es donde la inversión puede marcar una diferencia real en la trayectoria de los estudiantes”, insistió Domínguez.
La docente de Amipe también apuntó a la gestión del denunciado Luis Oviedo. “La gestión de la educación superior en Misiones hoy carece totalmente de la transparencia indispensable para generar confianza. El área está dirigida por una persona con múltiples denuncias comprobadas de corrupción, con pruebas y testimonios que se han hecho públicos y que, sin embargo, no han recibido respuestas institucionales”, fustigó Domínguez.
“Frente a esto, los docentes nos preguntamos con qué garantías podemos confiar en que semejante suma de dinero ($50.000.000.000) será administrada de forma correcta y llegará efectivamente a donde corresponde”, subrayó Domínguez.
Asimismo, “otro punto preocupante es la creación de ofertas educativas de menor nivel, como ciertas tecnicaturas que se superponen con carreras universitarias ya existentes y gratuitas en la Universidad Nacional de Misiones. En lugar de fortalecer lo que ya se ofrece en instituciones de reconocido prestigio, se crean trayectos paralelos que, lejos de elevar la calidad formativa, terminan fragmentando y debilitando el sistema”, analizó Domínguez.
“Por todo esto, entiendo que la prioridad política y presupuestaria debería estar puesta en fortalecer la base del sistema educativo –niveles inicial, primario y secundario–, con políticas integrales, inversión real y mecanismos de control que aseguren transparencia. Solo así podremos garantizar que el derecho a la educación se cumpla en forma plena, equitativa y con calidad para todos los misioneros”, sentenció la docente.
