Este jueves, el gobierno ultraderechista de Javier Milei pudo celebrar una importante victoria legislativa en la Cámara de Diputados, luego de lograr que pase al Senado, el proyecto de reforma de la ley que regula los DNU: cerca de las 3 de la madrugada, se cayó el proyecto de reforma de la ley del Impuesto a los Combustibles Líquidos. Para que no sea aprobada esa iniciativa, fueron claves las ausencias de legisladores nacionales, entre ellas, las de los misioneros Martín Arjol (Liga del Interior), Emmanuel Bianchetti (PRO) y Florencia Klipauka (LLA)
Con 125 votos a favor y 119 abstenciones, no pudo ser aprobada la norma que buscaba que el ICL sea devuelto a las provincias para que se cumpla con su asignación específica, es decir, la reparación y mantenimiento de las rutas nacionales. En cuanto a los demás diputados por Misiones, los renovadores Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik, votaron afirmativamente, en contra de los intereses de la Casa Rosada. En pocas palabras, los diputados de la “oposición” en Misiones perjudicaron a la provincia porque el ICL seguirá siendo manejado por el gobierno nacional, que lleva dos años prácticamente sin invertir en rutas nacionales.
Es decir, con su ausencia, el “radical con peluca” Arjol, la puertista liberticida Klipauka y el bullrchista Bianchetti, avalaron el vigente incumplimiento de la asignación específica del ICL, a partir del manejo discrecional de esos recursos por parte del gobierno de Milei. En paralelo, la jugada perjudica al gobernador Hugo Passalacqua, uno de los gobernadores que impulsaron de la reforma que pretendía más recursos para las rutas misioneras.
Según informó el portal Parlamentario, el proyecto que disponía la eliminación de diversos fideicomisos y la modificación a la Ley 23.966 sobre el Impuesto a los Combustibles Líquidos y Gas Natural. Antes de la votación, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem aclaró que el proyecto necesitaba una mayoría absoluta para su aprobación, lo que fue rechazado enfáticamente por el peronista Germán Martínez, quien expresó su desacuerdo, recordando que no se había votado así en el Senado y que “cuando uno le está sacando fondos a las provincias, ahí siempre en defensa de las provincias argentinas se necesita una mayoría especial; cuando lo que estamos haciendo es devolviéndoles recursos, no se necesita ni se necesitó mayoría especial”.
Sin embargo, el secretario parlamentario leyó entonces el artículo 75 inc. 3ro de la Constitución como argumento, señalando que se modificaban asignaciones específicas de recursos coparticipables. Menem impuso el criterio de la mayoría calificada y entre las ausencias, los siete votos negativos y las cinco abstenciones, el proyecto se cayó y no podrá ser tratado este año. Las abstenciones correspondieron a los diputados de la izquierda porque, según explicó Christian Castillo, el proyecto eliminaba fideicomisos como los destinados a Vialidad, destinándolos en cambio a los gobernadores.
En efecto, el proyecto de ley proponía la eliminación de varios fideicomisos y fondos nacionales, entre ellos los de infraestructura hídrica, transporte y vivienda. Estos recursos, anteriormente administrados por el Gobierno Nacional, se iban a redistribuir entre las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires según los criterios establecidos en la Ley 23.548. La iniciativa buscaba una asignación “más equitativa y directa de los fondos”, respetando los porcentajes de coparticipación ya vigentes.
Además, se modificaba la Ley 23.966 en lo referente al Impuesto a los Combustibles Líquidos, estableciendo nuevos porcentajes de distribución: 14,29% para el Tesoro Nacional, 57,02% para las provincias y 28,69% para el Sistema Único de Seguridad Social. También se redefinía cómo se reparten estos fondos entre las jurisdicciones, asignando un 25% en partes iguales y el 75% restante según los índices de coparticipación.
Los fundamentos del proyecto indicaban que la propuesta surgió de un acuerdo entre los gobernadores provinciales y el jefe de gobierno porteño. Señalaron, además, que los fondos eliminados “no afectan las finanzas nacionales”, ya que se trata de recursos con afectación específica que deben ser redistribuidos según las necesidades locales.
Finalmente, los impulsores mencionaron que la eliminación de estos fideicomisos responde a la necesidad de simplificar el sistema financiero nacional y mejorar el control sobre los recursos públicos. La propuesta buscaba que tanto Nación como provincias puedan definir sus prioridades de gasto, especialmente en un contexto de crisis económica. Consideraron que esta redistribución permitirá “una mayor capacidad de respuesta ante las demandas sociales, sin comprometer la sustentabilidad fiscal del país”.
