En las últimas horas de este lunes, el Presidente Javier Milei divulgó este lunes el DNU del acuerdo con el FMI que utilizará para evitar cumplir con la Ley de Fortalecimiento de Sostenibilidad de la Deuda Pública, que obliga a que todo acuerdo con implique aumentar la deuda externa, sea aprobada por las dos cámaras del Congreso de la Nación. Ante esto, diputados nacionales de Unión por la Patria presentaron una denuncia penal contra Milei por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

El Gobierno ultraderechista apeló a este atajo de dudosa legalidad, acuciada por la escasez de reservas y las tensiones cambiarias. Cabe aclarar que el DNU de dudosa legalidad que entra en vigencia ni bien se publicó en el Boletín Oficial y sólo se cae cuando ambas cámaras del Congreso lo rechacen, apenas consta de cuatro artículos y adjudica al Ministerio de Economía la potestad para aplicar los instrumentos necesarios para cumplir con los requisitos del FMI.

De hecho, el DNU no especifica montos ni tasa de interés, y funciona como un cheque en blanco para el endeudamiento. Por esto, se entiende que permite que el Ejecutivo haga lo que quiera, con el artilugio adelantado por el propio Milei en una columna en La Nación, que no se trata de deuda nueva, lo cual es completamente indefendible.

Sobre todo, si se piensa en los intereses del 7% anual que aplicará el FMI, que implican un incremento de 700 millones de dólares en el primer año, si es que el monto del préstamo fuera de 10.000 millones. En caso de que el FMI preste 20.000 millones de dólares, el Estado argentino deberá pagar 1.400 millones en el primer año.

Cabe recordar que por la ley 26.122 impulsada por Cristina Kirchner en 2006, es mucho más complejo anular un DNU que una ley: el primero necesita que las dos cámaras lo rechacen, mientras que la segunda puede ser vetada por el presidente de turno, que sólo necesita un tercio de los diputados o de los senadores, que avalen su decisión, como ocurrió en 2024 con la Ley de Financiamiento Universitario o la Ley de Reforma de la Movilidad Jubilatoria.

Asimismo, el DNU viola lo que sostiene la Ley de Fortalecimiento de  Sostenibilidad de la Deuda Pública, que fue sancionada en 2021, con artículos que ordenan que los nuevos acuerdos pasen por el Congreso.

Según informó el portal LPO, cuando el ex ministro Martín Guzmán acordó el Plan de Facilidades Extendidas, en ese mismo momento se terminan los stand by de 2018 negociados por Caputo y Sturzenegger. De manera que no hay continuidad de los Stand by de 2018, sino que se trata de un nuevo crédito que para su aprobación debe pasar según la ley, por el Congreso.

La jugada de Milei causó malestar, incluso, en los bloques aliados a los libertarios. Incluso, la bancada del PRO, liderada por Cristian Ritondo, dejó trascender que no estaba dispuesta a votar un expediente sin conocer el contenido. Lo mismo plantearon los diputados del MID, cuyo jefe es el ex titular del bloque de LLA, Oscar Zago, y los que integran el bloque de Miguel Pichetto.

Por su parte, fuentes de la UCR dijeron este lunes a LPO que el asunto sería discutido en la reunión de bloque prevista para este martes. Los diputados macristas, por su parte, deliberaban en su grupo de WhatsApp minutos después que se difundiera el contenido del DNU por redes sociales.

Decididamente contra el DNU, este lunes los diputados peronistas Hugo Yasky, Daniel Gollán, Julio Pereyra, Sabrina Selva, Victoria Tolosa Paz, Juan Marino y Brenda Vargas Matyi presentaron una denuncia penal contra Milei “por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público”, y reclamaron que se suspendan los actos que consumarían el presunto delito.

Patrocinados por el abogado Eduardo Barcesat, acudieron al Fuero Federal en lo Criminal y Correccional y la denuncia recayó en el juzgado del juez Sebastián Ramos y la fiscalía de Carlos Rívolo. 

El primer artículo del DNU plantea que el préstamo se utilizará para cancelar las letras intransferibles en dólares que se encuentren en poder del Banco Central y las operaciones de crédito público atinentes al programa de Facilidades Extendidas con el Fondo.

Ya en ese punto, el decreto es objetado por los que observan el artículo 2 de la Ley Guzmán, que dejó sentado que “todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI, así como cualquier operación de ampliación de los montos de ese programa, requerirá de una ley del Congreso”.