El presidente Javier Milei firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilita al Gobierno nacional a negociar con el Fondo Monetario Internacional.

El documento administrativo fue publicado en el Boletín Oficial de este martes, por lo que de esta manera el Gobierno entra en el tramo final de la gestión del nuevo acuerdo.

En comunicación con LT4 y AgenciaHoy, el historiador especializado en deuda externa Alejandro Olmos Gaona analizó los factores que influyen en el acuerdo del país con el organismo financiero internacional.

Y fue contundente sobre el tema, “es una nueva burla del presidente a la ciudadanía. Primeramente, porque hay una ley de la Nación (27612), la cual establece que toda operación con el Fondo Monetario debe ser autorizada por el Congreso. En este caso, se supone que esa operación tiene que ser conocida por los legisladores y discutida” porque antes “a través de la ley de administración financiera, el gobierno podía cerrar cualquier acuerdo con el fondo obviando al Congreso”.

“A partir de esa ley en el 2022, esto se suprimió. ¿Para qué?, para evitar que cualquier gobierno hiciera lo que hizo Macri en el 2018, de endeudar irresponsablemente al país. Pero claro, Miley, que es un destructor del estado, como él mismo lo ha confesado, decidió acordar con el Fondo y que esto no lo discuta”, manifestó el entrevistado.

“Manda un DNU que he leído prolijamente. Es una especie de colección de falacias y de tal orfandad argumental que para tratar de justificar algo citan tres o cuatro párrafos de Diputados de la sesión del año 2022. Y una de las cosas fundamentales es que dicen que esto no significa aumentar la deuda” porque “supuestamente con el dinero del fondo se va a cancelar deuda que tiene el Tesoro con el Banco Central”.

Es decir, “el Tesoro tiene una deuda, se paga con el dinero del fondo, o sea, que es un cambio de acreedor. Ahora, nadie puede suponer que es lo mismo, que el Tesoro le deba al Banco Central, que es parte del Estado Nacional, a que le deba a un organismo como el Fondo Monetario”, “no es lo mismo la deuda del Estado con el Estado, que la deuda del Estado con el Fondo”, afirmó Olmos.

Por otra parte, “la deuda que contrajo el Tesoro con el Banco Central es una deuda que no tiene ni exigencias, ni condicionamientos, ni pedidos de ajuste, ni nada por el estilo” mientras que “la deuda con el FMI que se va a contraer ahora va a tener todo eso y además un monitoreo de la política económica. Tan es así que por eso el gobierno manda la ley y no dice qué es lo que va a firmar”, advirtió el historiador.

Es decir, “acá los legisladores van a tener que autorizar a libro cerrado sin conocer los detalles. Y yo me pregunto, en un sistema de libertad, de república, ¿es admisible que se vote algo que no se conoce?, bueno, eso es lo que pretende el gobierno, que le autoricen un acuerdo con el fondo, que nadie sabe en qué va a consistir”.

Y, por otra parte, “esto que digan que, en el articulado, como se dice, que el dinero del Fondo será utilizado para cancelar las letras del Banco Central, no sirve para nada porque también cuando se firmó el stand by como en el 2018, se iba a utilizar el dinero para una cosa y fue para otra. O sea, a nada nos dice que aquí esto se vaya a cumplir”, aseguró el entrevistado.

Actualmente, el proyecto fue enviado por el Gobierno para su tratamiento en la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. El texto, que incluye el DNU correspondiente, lleva las firmas del ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

El decreto de necesidad y urgencia lleva el número 179 y acompaña la comunicación remitida a ambas cámaras, con el fin de que el Parlamento apruebe las operaciones de crédito público contenidas en el Programa de Facilidades Extendidas a celebrarse entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario Internacional.

El texto establece que el crédito otorgado por el organismo encabezado por Kristalina Georgieva será destinado a la cancelación de las letras intransferibles en dólares estadounidenses en poder del Banco Central de la República Argentina; como así también las operaciones de crédito público en el marco del Programa de Facilidades Extendidas del 2022, cuyo vencimiento opere dentro de los 4 años de la suscripción del acuerdo.