Todo indica que este jueves tomará estado parlamentario en la Cámara de Representantes de Misiones, la renuncia del diputado provincial, Germán Kiczka, quien se encuentra siendo investigado por reproducción y tenencia de material relacionado a la pornografía infantil.

Además, desde la Legislatura provincial también informaron que ocurrirá lo mismo con la notificación enviada por el juez de Apóstoles, Miguel Farías, quien dictó la orden de allanamiento en el domicilio del legislador, de su padre y su hermano, días atrás. 

Una vez que ambos documentos tomen estado parlamentario serán enviado a la comisión correspondiente para su análisis. Aunque la decisión del bloque mayoritario, es decir, el Frente Renovador, es la de no aceptar la renuncia del dirigente del partido Activar y avanzar con el desafuero.

Medida que sería acompañada por los demás bloques opositores del cuerpo legislativo. De esta manera, los diputados aplicarían el artículo 89 de la Constitución Provincial, el cual establece que cuando se promueva acción penal contra un miembro de la Cámara, ésta podrá, luego de examinar el mérito del sumario en juicio público, con los dos tercios de votos de los miembros presentes, levantar los fueros y ponerlo a disposición de juez competente.

Cabe mencionar que el desafuero es el mecanismo constitucional, conforme al cual el titular del privilegio pierde su inmunidad en un proceso judicial y puede -llegado el caso- ser detenido y puesto a disposición de la justicia competente.

Actualmente, Kiczka tiene fueros y, por ello, inmunidad para su detención, aunque eso no impide que sea citado a declarar en la investigación judicial. 

El hecho

El pasado 6 de agosto, Policías de Misiones y miembros de la Unidad Cibercrimen allanaron la casa del diputado provincial Germán Kiczka, de Activar, por orden de la justicia provincial.

La causa se inició en febrero de este año cuando la justicia federal con orden desde Buenos Aires realizó un operativo similar en el domicilio de su hermano y su padre, en la ciudad de Apóstoles, también por tenencia de pornografía infantil.

En ese allanamiento se secuestró una computadora personal. Luego de realizar los registros en dicho dispositivo se detectaron indicios de que se podría haber compartido y descargado material pornográfico de menores de edad.

Esa sospecha disparó una investigación de la Policía, Cibercrimen y la Secretaría de Delitos Complejos. Luego de reunir pruebas se elevó al juez Penal N° 4, Miguel Farías, quien dictó la última orden de allanamiento.