El oficialismo de La Libertad Avanza y el PRO, junto a los bloques “dialoguistas” lograron aprobar el proyecto que establece guardias mínimas de docentes ante medidas de fuerza, una iniciativa que restringe el derecho a huelga garantizado por el artículo 14 Bis de la Constitución Nacional. La votación resultó con 131 votos a favor, 95 en contra y 2 abstenciones y casi todos los diputados por Misiones aportaron su voto para la media sanción. 

Este jueves la Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado este proyecto de ley que declara a la educación como servicio estratégico esencial en todos los niveles y modalidades comprendidos en la obligatoriedad escolar de todo el territorio nacional, con el supuesto objetivo de garantizar las clases en los días de paro docente. 

Fue una sola votación, en general y en particular, que se concretó pasadas las 3 de la madrugada y resultó con 131 votos afirmativos, 95 negativos y 2 abstenciones, correspondientes a Fernando Carbajal y Mónica Frade. 

Con respecto a los diputados por Misiones, cabe subrayar que todos estaban a favor de la iniciativa, pero al momento de la votación, el macrista aliado a LLA, Emmanuel Bianchetti estuvo ausente. Es decir, la diputada puertista “libertaria” Florencia Klipauka, el radical Martín Arjol y los renovadores Alberto Arrúa (que proviene del PJ), Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Carlos Fernández, votaron a favor del controvertido proyecto que, para los gremios, conculca el derecho a huelga.

Por supuesto, el proyecto debe pasar por el Senado de la Nación, donde, en principio, estarían dados los números para convertirlo en ley. Luego, posiblemente haya amparos contra la norma por inconstitucionalidad, los que terminarán, por la vía de las apelaciones, en la corte suprema de justicia de la Nación.

Según el portal Parlamentario, esta iniciativa fue impulsada fuertemente por el Pro desde la post-pandemia, bajo la crítica del tiempo en que las escuelas permanecieron cerradas durante esa época. En tanto, a través del DNU 70/23, el Gobierno había declarado a la educación servicio esencial, pero el capítulo de la reforma laboral fue frenado por la Justicia. 

En tanto, durante el debate, algunos diputados recordaron que la Corte Suprema en 2001 ya declaró inconstitucional una resolución del Ministerio de Trabajo, por entonces a cargo de Patricia Bullrich, que intentó avanzar en este sentido.

Para alcanzar los 131 votos, acompañaron el proyecto los legisladores de La Libertad Avanza, el Pro y otras bancadas dialoguistas como la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica e Innovación Federal. También votaron a favor dos diputados de Unión por la Patria: la mendocina Liliana Paponet y el jujeño Guillermo Snopek.

Por su parte, el rechazo lo encabezaron Unión por la Patria y el Frente de Izquierda. En tanto, el bloque Encuentro Federal votó dividido: Natalia de la Sota, los socialistas Mónica Fein y Esteban Paulón, y Margarita Stolbizer, rechazaron la iniciativa. También votaron en contra los radicales Pablo Juliano, Facundo Manes y Roxana Reyes.

En tanto, hubo 28 ausencias, aunque muchas posiblemente estuvieron vinculadas a que la sanción estaba asegurada, estén o no estos legisladores que no estuvieron al momento de votar.

Lo que sostiene el anteproyecto que logró media sanción y que deberá debatirse en el senado, es que las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente que afecten al normal desarrollo de la actividad curricular.

Uno de los artículos estipula un sistema de guardias mínimas educativas obligatorias que garantice un 30% de presencialidad del personal docente y no docente cuando las medidas de paro o huelga fuesen entre uno y dos días continuos o discontinuos; mientras que deberá ser de un 50% cuando las medidas superen los tres días; y a su vez exige el cumplimiento de la cantidad mínima de días de clase.

El texto delega en las autoridades de cada establecimiento a que en el inicio del ciclo lectivo se realicen las previsiones organizacionales en el marco del proyecto institucional, estableciendo a la autoridad competente la nómina anual del personal docente y no docente que estará afectado al cumplimiento de las guardias en días de huelga.

Además, establece que el incumplimiento de lo previsto será considerado como falta y no obstará la plena operatividad del sistema de guardias establecido; e impone que se reputará injustificada la ausencia del personal docente y no docente afectado a la guardia establecida.

Por último, propone la apertura de todos los establecimientos de educación obligatoria, en su correspondiente horario de apertura y cierre, todos los días del calendario escolar; y la garantía del servicio de alimentación escolar de cada establecimiento educativo. Cabe aclarar que el proyecto no fija por ley que las provincias cumplan con el financiamiento de los comedores, un tema que no está resuelto en muchas provincias, por ejemplo Misiones, que retacea los recursos destinados a los comedores.