Si bien lo que sucedió con el ahora exdiputado Germán Kizcka (socio de Pedro Puerta) es de una aberración total, es de destacar lo rápido y acertado que trabajó la justicia para avanzar en la investigación de la causa.

Todo lo contrario se dio en otra causa igual de grave, donde la justicia misionera no actuó con la misma celeridad. Es el caso de Gustavo Melnik, el exvicepresidente de la Asociación Misionera de Futsal y esposo de la Jueza de Faltas de Posadas, Vanessa Gross, acusado de violación sexual de una menor que trabajaba en su domicilio como niñera y quien tiene aceitados vínculos políticos con el oficialismo provincial.

Para algunos, si

Por un lado está el caso más reciente, el del exdiputado de Activar Germán Kizcka, de quien a través de los resultados del análisis de su computadora se comprobó que contenía material pornográfico que involucraba a menores de edad, como así también chats de su hermano Sebastián en el que se evidenciaba “el vicio” por tener relaciones sexuales con niñas de 14 años, entre otras atrocidades inimaginables y todas absolutamente repudiables.

Allí, la justicia misionera actuó de manera ejemplar, con el arduo trabajo del juez de Instrucción de Apóstoles Miguel Ángel Faria, activando los mecanismos de investigación e institucionales para que el ahora exlegislador amigo de Pedro Puerta quede a total disposición de la justicia, aunque la jugada no haya salido del todo bien debido a la fuga de los implicados.

La justicia había puesto en febrero los ojos en Sebastián Kiczka, hermano del entonces diputado, en el marco de un megaoperativo internacional que incluyó allanamientos también en Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, Tucumán y otros tantos domicilios en ciudades varias de Latinoamérica. La investigación había sido iniciada a instancias de la Embajada de Estados Unidos en Argentina y motorizada por la fiscal especializada en delitos informáticos Daniela Dupuy.

La conexión con Germán Kiczka, sin embargo, se desprendió de manera inesperada: en una de las pesquisas fue encontrada una computadora de su propiedad en la que podría haber material comprometedor vinculado a la investigación por consumo de imágenes de explotación sexual de niños y niñas.

Es por eso que el domicilio particular de Kiczka en la localidad de Apóstoles fue allanado en búsqueda de más material. Ese nuevo operativo incluyó la confiscación de otra computadora portátil y dos teléfonos celulares pertenecientes al miembro del partido Activar. Lo hallado fue vox populi. Material incriminatorio que contenía fotos, videos, chats y hasta enlaces a sitios pornográficos cuyas búsquedas estaban direccionadas hacia la zoofilia y menores de edad.

Para otros, no

El pasado 17 de mayo una denuncia por abusos sexuales, golpes y amenazas de muerte a una menor cuando tenía 15 años (hoy tiene 17) fue presentada ante el fiscal de turno, Instrucción 6, René Germán Casals.

¿El apuntado por la menor? Gustavo Melnik, un joven dirigente deportivo, esposo de la Jueza de Faltas de Posadas, Vanessa Gross y quien tiene aceitados vínculos con el oficialismo provincial, teniendo en cuenta que fue funcionario de Joaquín Losada cuando éste era ministro de Desarrollo Social y luego intendente de Posadas.

Luego de la denuncia de la menor y ante la gravedad de lo expuesto, Casals solicitó la detención al juez de Instrucción, Ricardo Walter Balor, pero este solo se limitó a emitir una restricción de acercamiento para el apuntado con la víctima y una citación para declarar, la cual se dio a mediados de junio y en la que Melnik pagó la suma de 10 millones de pesos como fianza y la prohibición de salir del país.

De acuerdo a la denuncia, la adolescente se presentó ante el fiscal y relató pormenorizadamente los delitos contra su integridad sexual y vida. Fue abusada con acceso carnal, golpeada y amedrentada para que callara lo sufrido. Durante el tiempo transcurrido hasta habría intentado suicidarse aterrorizada por lo sufrido.

De los avances de esta causa poco se sabe, aunque Agencia Hoy pudo conocer a través de diversas fuentes ligadas al caso, que hasta la semana pasada continuaba la etapa de instrucción, es decir, las investigaciones para averiguar el hecho y las circunstancias que lo hayan rodeado, con el fin de preparar el juicio oral o no.

Los hechos denunciados habrían ocurrido entre el invierno y el verano de 2022. Aun, el involucrado sigue en libertad, sin el peso de la justicia sobre sus hombros y jactándose de los “buenos contactos” conseguidos a través del tiempo y la militancia.