Este jueves, el suboficial Mayor retirado Ramón Amarilla, uno de los principales voceros de la mesa de diálogo policial que protagonizó protestas que mantuvieron en jaque a la sociedad misionera en Mayo, fue capturado junto a otros seis agentes acusados por “sedición y conspiración”, en el marco de una causa que tramite el juez de instrucción Fernando Verón.

Según trascendió desde el juzgado de Verón, en los teléfonos de Amarilla y sus camaradas, todos referentes del acampe frente al Comando Radioeléctrico I en mayo, los investigadores encontraran mensajes donde, según la denuncia, organizaban incendiar malezas y patrulleros con el fin de que los cuarteles de bomberos queden vacíos para así, poder hacerse con autobombas para bloquear calles en una nueva protesta de uniformados.

Vale recordar que hace escasos días, Amarilla y otros referentes de la Mesa de Diálogo Policial consideraron insuficiente el aumento del 5,5% en los sueldos de uniformados misioneros. Las negociaciones con el sector estaban completamente paralizadas y los referentes reclamaban que el gobierno provincial no cumplió con uno de los puntos del acta acuerdo firmada cuando se levantó el acampe, que estipulaba que no iba a haber acciones disciplinarias o judiciales contra los cabecillas del acampe policial.

La causa comenzó el pasado 14 de septiembre cuando un oficial ayudante de la fuerza denunció que un camarada lo llamó para informarle que planeaban tomar la Jefatura de Policía, en Posadas, el martes y le pidió que se sumara a la protesta. Este medio dialogó con la esposa de este agente, Diego Correa, quien manifestó desconocer lo que hacía su pareja, aunque confirmó que era uno de los delegados de la comisaría 10ma. donde se desempeñaba.

En el marco de la detención de Correa, que el juez de Instrucción 3 de Posadas, Fernando Verón, firmó este lunes y se concretó en el mismo día, se le secuestraron varios elementos al agente. De tal forma, el juez tuvo acceso al teléfono celular de Correa.

Lo que siguió fue el peritaje del aparato por parte de la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) del Poder Judicial, que habría encontrado un grupo de WhatsApp que tenía Corre, con el vocero de la mesa de diálogo Ramón Amarilla y otros referentes de la protesta.

Son siete efectivos de la fuerza, tantos activos como pasivos, que formaban parte del grupo con el agente detenido. En las conversaciones de estos policías y retirados, en el marco del rechazo a la recomposición salarial del 5,5% impuesta por el gobierno, según trascendió del juzgado de Verón, hay mensajes e indicios de que los detenidos pergeñaban un plan para “forzar la salida de los cuarteles de bomberos de las autobombas y así, en el lugar de los hechos, robarlas para bloquear avenidas y calles”.

Los uniformados, de acuerdo con los mensajes encontrados en los grupos de Whastapp, era mejorar la recomposición del 5,5%, un aumento de entre 19 mil y 35 mil pesos que no les permite a los agentes, cubrir la canasta básica que en agosto, rozó los $1,2 millones. Por otra parte, y esto lo señalaron públicamente Amarilla y el otro vocero de la protesta policial, Germán Palavecino, pretenden que el gobierno provincial no prosiga con medidas de sanción administrativas y con la causa judicial por supuesta sedición que datan de mayo.  

Para la Jefatura que conduce el comisario general Sandro Martínez, Amarilla, Correa, Palavecino y los demás referentes “tendrían entre sus planes destituir a la cúpula policial y generar malestar en la ciudadanía misionera”. No es un secreto que la mesa de diálogo policial cuestionó con dureza al ministro de gobierno Marcelo Pérez, por su rol en el conflicto de mayo. Pero el trasfondo del nuevo conflicto con los uniformados es salarial.

Estas detenciones podrían derivar en nuevas protestas, dado que la mayor parte de policías y penitenciarios repudian las causas penales contra sus referentes. Familiares de los uniformados detenidos empezaron a convocar una movilización este viernes frente a la Jefatura para “pedir explicaciones” y solicitar la libertad de los agentes y retirados. El abogado defensor de Amarilla, es el exjuez Ramón Grinhauz.

En otras palabras, la SAIC y Verón habrían encontrado indicios de una nueva revuelta policial como la de mayo, en un escenario salarial enrarecido en Misiones: el gobierno cerró acuerdos con los trabajadores de salud pública y con tres sindicatos docentes, pero la mayor parte de los trabajadores de la educación y sus organizaciones se están preparando para llevar adelante un plan de lucha para recomponer salarios.

El gobierno provincial acordó con el sindicato renovador UDPM, una recomposición salarial del 4,8% en promedio para el mes de septiembre, un porcentaje muy inferior a lo cerrado con los trabajadores sanitarios (11% de incremento) que, a diferencia de los docentes, sí estaban movilizados y llevando adelante huelgas en Misiones.