Sin mayores problemas para conseguir el quorum y con la presencia de los siete diputados por Misiones, este 12 de febrero y con la presencia de 129 legisladores sentados en sus bancas, la Cámara baja comenzó a debatir el proyecto de ficha limpia, que impediría a los condenados en segunda instancia por casos de corrupción ser candidatos en las elecciones, como así también acceder a una serie de cargos nacionales. La norma afecta específicamente a Cristina Kirchner, la presidenta del Partido Justicialista, que está condenada en dos instancias por la corrupción con la obra pública en Santa Cruz, la resonante causa Vialidad.

Según informó el portal Parlamentario, durante la reunión de Labor Parlamentaria, el titular de la Cámara, Martín Menem, propuso una sesión de una extensión de siete horas, que desde el bloque Unión por la Patria no se aceptó. Según pudo saberse, se acordó entonces ir viendo ese tema sobre la marcha.

El quórum fue alcanzado con los bloques LLA, Pro, UCR, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Independencia, Por Santa Cruz, Innovación Federal, Producción y Trabajo, Paula Omodeo y la Coalición Cívica.

Después del quórum llegaron los diputados Rodrigo de Loredo, Lisandro Nieri y Diego Santilli. En el bloque Encuentro Federal se advertían en el inicio varias ausencias, entre ellas las del titular de la bancada, Miguel Pichetto, Ricardo López Murphy, Nicolás Massot, Emilio Monzó y los diputados socialistas, Esteban Paulón y Mónica Fein.

Este fue el tercer intento de conseguir quórum, pues ya dos veces habían fallado quienes impulsan esta iniciativa durante el último período ordinario. Eso ocurrió en las sesiones del 20 y el 28 de noviembre de 2024, el primero de esos días, a falta de apenas un diputado, mientras que la semana siguiente y a pesar de las garantías que se habían dado respecto de que entonces sí habría sesión, terminaron faltando 13 diputados, 8 de La Libertad Avanza. Ese faltazo que benefició a Cristina Kirchner, fue inmediatamente relacionado a un acuerdo entre LLA y Unión por la Patria para que no se sancione el proyecto a cambio de que Menem sea reelecto como presidente de la Cámara de Diputados.

Por el enorme rechazo que generó entre sus propios votantes, el presidente de la Nación Javier Milei impulsó un nuevo proyecto y lo envió para su tratamiento en extraordinarias. De todas formas, aunque se logre la media sanción en la Cámara baja este miércoles, el proyecto debe pasar por el Senado, donde Unión por la Patria cuenta con 33 bancas, dado que la camporista entrerriana Stefanía Cora va a asumir en reemplazo del exsenador peronista “con peluca”, detenido por contrabando en Paraguay, Edgardo Kueider.

La iniciativa que se sancionaría hoy en Diputados, propone que ninguna persona condenada por delitos de corrupción en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral, podrá presentarse como candidato a elecciones. Esto afectaría, puntualmente, a la expresidenta y titular del PJ Nacional Cristina Kirchner, quien el 13 de noviembre pasado recibió la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

En la iniciativa se indica que la prohibición de candidatearse correrá “únicamente en los casos en que la condena impuesta hubiera sido confirmada en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año anterior al proceso electoral, en la que se hubiera confirmado la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la sentencia de primera instancia, aunque modifique la pena impuesta”.

Mientras que “en caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral”.

Precisamente para atender el texto del artículo 1°, donde figura lo más cuestionado era la denominada “cláusula Petri”, en alusión al ministro de Defensa, Luis Petri, quien trabajó en la elaboración de la iniciativa enviada desde Casa Rosada, se realizó en vísperas de la sesión una reunión clave en el despacho del presidente de la Cámara.

En esa reunión el oficialismo se comprometió a acercar una nueva redacción que deje a todos un poco más satisfechos, dado que para la aprobación de este tema se requiere de una mayoría absoluta de 129 votos. Es que con los mismos argumentos que La Libertad Avanza defendía esa cláusula, bloques dialoguistas como la UCR, Coalición Cívica y Encuentro Federal advertían sobre el mensaje que bajaría al Poder Judicial respecto de los tiempos para fallar a favor o no en causas sensibles.

Otra parte del dictamen prevé que la Cámara Nacional Electoral deberá llevar “un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.

Además de no poder ser candidatas en elecciones nacionales, se establece que las personas condenadas en segunda instancia por corrupción tampoco podrán ser designadas como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; “ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos”.