Luego de avanzar de manera exprés con el dictamen que propone la suspensión de las elecciones PASO este año, el oficialismo en la Cámara de Diputados trata de cerrar el despacho de ficha limpia con el resto de los bloques aliados y dialoguistas.

En medio de las discusiones entre el oficialismo y los miembros de Unión por la Patria, cerca de las 15:20 el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, informó que el proyecto obtuvo dictamen.

Se trata de un tema motorizado con fuerza hace largo tiempo por el Pro, y que se había frustrado en el cierre del período ordinario en noviembre pasado, cuando hubo dos convocatorias a sesión que no reunieron quórum, y con el dato de que en la última faltó un número importante de legisladores de La Libertad Avanza.

En la nueva redacción se propone que ninguna persona condenada por delitos de corrupción en segunda instancia, dictada antes del 31 de diciembre del año previo al proceso electoral, podrá presentarse como candidato a elecciones. Esto afectaría, puntualmente, a la expresidenta y titular del PJ Nacional Cristina Kirchner, quien el 13 de noviembre pasado recibió la confirmación de su condena por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Mientras que “en caso de una condena confirmada en segunda instancia dictada con posterioridad al 1° de enero del año en que se llevaren a cabo las elecciones, el supuesto tendrá efecto a partir de la finalización de dicho proceso electoral”.

A su vez, la Cámara Nacional Electoral deberá llevar “un Registro Público de Ficha Limpia en donde constarán las sentencias de segunda instancia que sean confirmatorias de la comisión de al menos uno de los delitos establecidos en la condena de primera instancia, sus eventuales revocaciones y los datos identificatorios de las personas alcanzadas por dichas sentencias”.

Además de no poder ser candidatas en elecciones nacionales, las personas condenadas en segunda instancia por corrupción tampoco podrán ser designadas como jefe de Gabinete, ministros, secretarios, subsecretarios, autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la Seguridad Social, integrantes de cuerpos colegiados, personal diplomático, ni como directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase; “ni, en general, podrán ser designadas para ejercer funciones equivalentes a estos”, reza el texto.

Ficha Limpia Digital

En la previa del plenario para debatir sobre el proyecto de ficha limpia, los diputados del Frente Renovador misionero (bloque Innovación Federal) anticiparon un dictamen de minoría con la intención de incluir a los delitos informáticos.

Carlos Fernández, Yamila Ruiz, Alberto Arrúa y Daniel Vancsik expresaron que si bien comparten, respecto del proyecto del Poder Ejecutivo, “el objetivo general de promover mayores estándares éticos en la función pública y en el ejercicio de derechos políticos”, su propuesta se suma como complementaria para centrarse “en un ámbito específico y crítico: la regulación de delitos informáticos, bajo el título de 'Ley de Ficha Limpia Digital'”.

La iniciativa prevé que nesté prohibido candidatearse a personas “imputadas por ser autores o cómplices de los delitos informáticos cometidos en contextos o entornos digitales, previstos en los artículos 128, 131, 153, 153 bis, 155, 157, 157 bis, 173 inciso 16, 183, 184 incisos 5° y 6°, 197 y 255 del Código Penal”.

“Este supuesto se aplicará únicamente a quienes hayan recibido una condena con doble conforme, ya sea en la justicia federal o provincial”, reza el texto y agrega que, a su vez, estas personas tampoco podrán ser designadas como jefe de Gabinete; ministros, secretarios y subsecretarios; autoridades de entes y organismos descentralizados e instituciones de la seguridad social; integrantes de cuerpos colegiados; personal diplomático; y directores de empresas o entes con participación estatal de cualquier clase.

Además, otro de los artículos sostiene que “el candidato deberá poner de manera voluntaria a disposición de la junta electoral su identidad digital a los fines de incorporarlo en su ficha”. Y define a identidad digital como el “conjunto de información sobre la persona expuesta en internet y activos digitales que le pertenezcan”.

“La incorporación de delitos informáticos como criterio de inelegibilidad responde a la necesidad de regular un ámbito que, en los últimos años, ha adquirido una relevancia crítica”, expresaron. Las conductas tipificadas en los artículos mencionados del Código Penal abarcan delitos como: distribución y producción de material de abuso sexual infantil; grooming; violación de comunicaciones electrónicas y fraude informático, entre otros.

Además, aclararon que “al establecer como requisito el doble conforme, garantizamos el respeto por el principio de presunción de inocencia y reducimos el riesgo de abusos o persecuciones políticas”.

Los diputados que responden al oficialismo misionero recordaron: “Un ejemplo paradigmático de la necesidad de abordar los delitos informáticos y digitales en la esfera pública es el reciente caso del exlegislador misionero Germán Kiczka, el cual conmocionó la opinión pública nacional, al ser vinculado a una red de distribución de material de abuso sexual infantil. Este caso generó una profunda preocupación social, ya que Kiczka se encontraba ocupando un cargo de relevancia en un organismo fundamental para la democracia, lo que dejó en exposición fallas en los controles éticos y de idoneidad para la selección de sus representantes del Partido Activar Misiones, el cual pertenece al diputado misionero Pedro Puerta”.

Los legisladores afirmaron que su propuesta “busca prevenir que personas condenadas por este tipo de delitos ocupen cargos de poder y decisión, protegiendo la integridad del sistema democrático y asegurando que los estándares éticos sean acordes a la sensibilidad y demandas de la sociedad actual”.

Fuente: Parlamentario