Este lunes, el extitular Tribunal Penal 2 de Posadas Carlos “Carlín” Giménez asumió como nuevo Procurador General de Misiones, el jefe de los fiscales de la provincia, un cargo que tiene el rango equivalente de un ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones. Se trata de un puesto de suma relevancia en el poder judicial misionero, que será ocupado por un joven abogado con nexos familiares y personales con el poder político local: es el hermano de la ministra de trabajo, Silvana Giménez y del histórico secretario general de UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación) Jorge “Polilla” Giménez.

“Carlín” juró este lunes ante la presidente del Superior Tribunal de Justicia Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, los demás ministros del STJ, el Gobernador Hugo Passalacqua y el presidente de la Cámara de Representantes Oscar Herrera Ahuad. En declaraciones a la prensa destacó el desafío que asume y la responsabilidad de estar a la altura para llevar a cabo la resolución de conflictos para las personas que golpean las puertas de la justicia.

“El desafío es acelerar los procesos de justicia, puesto que una justicia lenta, desde el punto de vista de la gente no es justicia. Por eso vamos a trabajar en ese sentido. Siempre estar cerca de la gente, porque de esa forma los problemas son de más fácil resolución”, prometió el nuevo jefe de los fiscales, cuyo pliego consiguió el acuerdo de la Legislatura, con mayoría oficialista, meses atrás.

Uno de los datos salientes de sus primeras palabras como jefe de los fiscales, es que defendió la creación de la fiscalía de ciberdelitos, un proyecto que fue duramente cuestionado por penalistas y abogados del fuero local, por tener visos de inconstitucionalidad.

“El contexto hoy nos lo demanda, atento a la nueva modalidad de delitos. Se debe avanzar en estructuras y tecnologías para poder ir contra esos flagelos. Es una gran herramienta y con la Secretaría de Apoyo a las Investigaciones Complejas vamos a tener una justicia penal de excelencia”, manifestó “Carlín” sobre la iniciativa impulsada por el oficialismo en la Cámara de Representantes, que otorga a los jueces yal fiscal especial en ciberdelitos, la facultad de detener personas sin orden judicial en Misiones.