El caso del exdiputado provincial Germán Kiczka (Activar – La Libertad Avanza) destituido el jueves pasado en el marco de una causa en su contra por distribución de material de abuso sexual infantil, que impacta a la sociedad misionera y a la clase política del país, continúa escalando y salpicando a autoridades nacionales.

Es que, el pasado 1° de agosto, el hoy prófugo de la justicia Germán Kiczka, participó de una reunión en la Casa Rosada con el secretario de prensa de la Nación, Eduardo Serenellini, de la que también participaron su amigo y jefe político Pedro Puerta –también diputado provincial– y la diputada nacional Florencia Klipauka, quien actualmente forma parte del bloque de La Libertad Avanza.

Medios de la provincia reportaron por entonces, que el encuentro entre los diputados y el funcionario nacional, constituyó “una jornada marcada por el intercambio de ideas y la comunicación”.

“La reunión, que tuvo lugar en el emblemático edificio gubernamental (Casa Rosada), sirvió como un espacio para que los representantes políticos compartieran sus perspectivas sobre la gestión del gobierno nacional y discutieran temas de relevancia tanto a nivel nacional como provincial”, detallaron en el portal MisionesCuatro, propiedad de la familia Puerta.

“El encuentro concluyó con un acuerdo general sobre la necesidad de seguir trabajando en conjunto para enfrentar los retos que se presentan y aprovechar las oportunidades de desarrollo para el país”, detallaron en el citado medio sobre el cónclave entre Serenellini, Puerta, Klipauka y Kiczka.

¿Por qué es relevante esa reunión? Porque apenas una semana más tarde, el 7 de agosto, se concretó un segundo allanamiento en la casa del ahora exdiputado prófugo, por orden del juez de instrucción de Apóstoles Miguel Faría. En ese procedimiento se incautó una computadora y otros elementos de interés en el marco de la causa por distribución de MASI (Material de Abuso Sexual Infantil), pedofilia y corrupción de menores que tiene imputados al exdiputado y a su hermano Sebastián Kiczka.

Más relevante aún: la causa se inició el 16 de enero del presente año, es decir, más de 6 meses antes de la reunión de Serenellini, Puerta, Klipauka y Kiczka. Según confió el juez Faría a medios nacionales, la causa comenzó cuando la fiscal porteña Daniela Dupuy recibió una notificación en su casilla de correo, en el marco de una investigación internacional que impulsó una ONG en Estados Unidos.

Inmediatamente comenzó una investigación que identificó 8 domicilios sospechados y el 28 de febrero, se llevaron a cabo los primeros allanamientos. Entre ellos, los de los hermanos Kiczka. Es decir, 5 meses antes de la reunión con Serenellini, que se mantiene en silencio sobre el resonante caso que impacta en todo el arco político provincial y nacional.

El secretario de prensa de la Nación, ni siquiera mencionó lo charlado con el ahora exdiputado prófugo, igual actitud que la adoptada por la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: la funcionaria nacional optó por el silencio absoluto sobre el caso que la salpica porque los hermanos Kiczka lograron huir de la provincia –y presumiblemente del país– pese a la supuesta vigilancia que llevaba a cabo la policía de Misiones.

De hablar sobre el caso, Bullrich debería valorar el trabajo de su par de Misiones, el ministro de gobierno Marcelo Pérez, quien es el responsable político de la huida del empresario y del político acusados de pedofilia y de distribuir material de explotación sexual infantil.

Los que sí hablaron del caso fueron el diputado provincial Pedro Puerta y el exdiputado nacional Alfredo Schiavoni. El primero trató de despegarse de su otrora amigo personal, al señalar que la parece “vomitivo” todo lo que salió a la luz con relación a la causa, y recalcar que no tenía ningún conocimiento de la vida privada de Kiczka, pese a que este último llegó al cargo legislativo por su “militancia” en Activar –fue apoderado del partido.

En tanto exdiputado del PRO Alfredo Schiavoni, antes de que se filtre a los medios el material aberrante encontrado en la computadora de Kiczka, opinó que la causa se trataba de una “berreta operación política”. Ahora, se llama al silencio, al igual que los principales funcionarios del gobierno nacional y de La Libertad Avanza.