“Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), rama de la ONU un servicio esencial significa un servicio público cuya interrupción pondría en peligro o perjudicaría seriamente la seguridad, la salud o la subsistencia de toda o parte de la comunidad”, comenzó planteando el docente jubilado y referente del grupo Marea Blanca, Alberto Holz, en su reflexión sobre la declaración de la educación como servicio esencial, que avanzó en el Congreso de la Nación con la media sanción del proyecto de Alejandro Finocchiaro este jueves en la Cámara de Diputados. 

En esta línea, Holz insistió en su argumento en contra de lo que sostiene el proyecto votado por 6 de los 7 diputados nacionales por Misiones –con la excepción del macrista Emmanuel Bianchetti, que apoya la iniciativa pero estuvo ausente en la última sesión.

“La educación pública es un servicio básico imprescindible que no encuadra en esta concepción de servicio esencial. Porque si bien la educación sistematizada es continua como proceso gradual, está caracterizada por sus interrupciones normales diarias, semanales, vacaciones, feriados y asuetos (resultando 187 días de clases 2.024 planificadas en promedio en el país), sin peligrar la sociedad. No es lo mismo interrupción esencial peligrosa o perjudicial en los términos de la OIT que discontinuidad habitual o sorpresiva”, precisó Holz.

“Viene esto a colación cuando hay indicios de considerar, por proyectada ley, a los servicios básicos educativos sistematizados como equiparables a esenciales. Y que no se deben interrumpir por medidas de fuerza de sus trabajadores y deben ser cubiertos por un porcentaje presencial del personal docente”, acotó Holz, que vinculó el proyecto con el ajuste salvaje que implementa el gobierno contra los docentes.

“La intención normativa, puede ser vista como dudosa pretensión (pour la galerie) protectora de la calidad y cantidad de servicios, limitada a días de paros docentes. Curiosamente en un contexto de salarios no acordes con la importancia trascendental de la educación, apelando a cubrir con atención mínima de personal y servicios”, señaló Holz.

En esta línea, el docente de Marea Blanca se mostró preocupado por las inconsistencias del proyecto y su impracticabilidad fáctica. “La posible sanción de ley referenciada no resultaría eficaz para la calidad del servicio, porque la contención de los alumnos desbordaría numéricamente la capacidad de docentes obligados a atender multigrados en modo no planificado, aumentaría los riesgos civiles por accidentes sufridos y provocados por alumnos, y además colisionaría con derechos laborales consagrados por la misma OIT, ya que, entre otros efectos, se discriminaría a personal docente que puede y no puede ejercer el derecho a huelga”, enfatizó.

“La pretendida calidad y cantidad de servicios educativos, como mejor opción, necesita de política educativa permanente, inspirada en principios de la olvidada Ley de Educación Común, que priorizaba la inversión en educación y su buena administración que lograba dignificación del docente y su no necesidad de recurrir a medidas de fuerza, a pesar de la mucho más sacrificada tarea de antaño”, puso de relieve Holz.

“Creo que el dilema de colisión de derechos requiere dejar de lado la connotación adoptada para el concepto de esencialidad como pérdida de derechos del docente y volver a la denotación operativa de educación como esencia a cargo del Estado, en un marco de políticas educativas permanentes superadoras del retroceso actual en el ranking mundial de resultados educativos. Hay mucha materia esencial de fondo para debatir en el campo legislativo y ejecutivo. La educación y el futuro de próximas generaciones lo requiere ya”, concluyó el jubilado docente, uno de los protagonistas de las históricas marchas de Marea Blanca frente a la gobernación de Misiones.