En diálogo exclusivo con LT4 y AgenciaHoy, la consejera de la Magistratura de la Nación Jimena De La Torre, expreso su preocupación por la sanción de la ley provincial que crea una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, dado que la norma contiene tres artículos que son claramente inconstitucionales y pueden ser usados para la persecución política contra quienes piensan distinto del oficialismo en Misiones. Para De La Torre, la inclusión de los artículos 6, 7 y 10 es una medida característica de gobiernos populistas, que, detrás de una causa loable – el combate y la prevención de ciberdelitos– “te meten un caballo de Troya para cercenar libertades”.

“Somos una agrupación que se llama Abogados en Acción, y los abogados de Misiones me contactan sumamente preocupados el día de antes de ayer, porque ya tenía dictamen de comisión este proyecto”, reveló De La Torres, quien aclaró que en una primera lectura, no encontró los motivos de la alarma por la institucionalidad de la provincia, a causa de una fiscalía de cibercrimen, que “parece algo razonable”.

En esta línea, De La Torre explicó que “el cibercrimen es una cuestión compleja que requiere de perfiles, funcionarios multidisciplinarios, no necesariamente todos abogados, expertos en en ciberdelincuencia, gente experta en tecnología, en analítica de datos”.

Sin embargo, a pedido de los Abogados en Acción de Misiones, De La Torre analizó los artículos conflictivos de la ley sancionada anoche, es decir, el 6, 7 y 10. “Ahí encontrás, el Caballo de Troya que es propio de los populismos: Gobiernos populistas que detrás de grandes causas loables te meten un Caballo de Troya para controlar, para para cercenar libertades. (En esos artículos) es donde se ve claro”, expresó la consejera de la Magistratura.

“Yo no estoy en contra de una fiscalía especializada en ciberdelito, en un contexto donde cada vez se complejizan con la utilización de la tecnología. Ahora, cuando vos tenés que, de manera flagrante se violan normas incluso federales, porque los códigos penales son códigos de tipo nacional. Las provincias no tienen facultades para, por ejemplo, modificar el tipo penal o crear una figura grabada como lo hace esta ley”, subrayó la abogada.

En esta línea, De La Torre se mostró preocupada ante la posibilidad de que “un fiscal sin intervención de un juez pueda incautarte un teléfono celular, una computadora, ante la mera cosecha de un delito de columnas e injurias, que son delitos de acción privada.”

“Cuando hablamos de ciberdelito, hablamos de delitos de tipo trata de personas, secuestros extorsivos, hablamos de extorsiones a través de redes sociales. (En cambio) calumnias e injurias, es un delito de instancia privada en donde no podría jamás un fiscal de oficio, ante la mera sospecha de la comisión de un delito como este, incautarte un teléfono y encima sin intervención del juez”, subrayó De La Torre a este medio.

De acuerdo con su planteo, la fiscalía en ciberdelitos puede utilizarse para la persecución política por la forma en que están confeccionados determinados artículos en una provincia con alta concentración del poder político. Con un fiscal con facultades de secuestrar dispositivos electrónicos sin la orden de un juez, “¿qué te imaginás automáticamente con un gobierno que además ha demostrado tener poco apego al respeto por la libertad de expresión, la libertad de prensa? Y que van a querer controlar esa fiscalía con un fiscal amigo, y que esto va a terminar siendo una herramienta de persecución política a la oposición para acallar a aquellos que opinan distinto”.

Consultada al respecto de si existen proyectos similares en otros puntos del país, De La Torre comentó: “abusos (de poder) existen en todos lados. Las fiscalías de investigación en materia de cibercrimen, bienvenidas sean, y por supuesto que tenemos, unidades especializadas en distintos lugares y eso se celebra. Acá no estamos apuntando a la creación de una fiscalía especializada. A lo que apuntamos es al caballo de Troya que esta ley trae adentro, que no tiene nada que ver con la ciberdelincuencia y que lo que lo único que está buscando es convertir a esta fiscalía en una herramienta de persecución hacia la hacia el que piensa diferente, ni siquiera quiere decir a la oposición, es a la ciudadanía”, alertó De La Torre.

En ese escenario es donde, “desde Abogados en Acción, como red de abogados en todo el país, muy comprometidos con las libertades individuales y con el sistema republicano, nos alertan y nos involucramos. Porque necesitamos darle a Misiones la fuerza necesaria, lograr que esto se visibilice, que la sociedad en su conjunto entienda que si este germen se genera en Misiones, puede ser contagioso al resto de las provincias”, subrayó la consejera de la Magistratura.

“Por eso es importante visibilizarlo a nivel nacional y esperamos la intervención de la justicia para declarar la inconstitucionalidad de estos abusos”, puntualizó la abogada, añadiendo que están estudiando la vía por la que canalizarían las demandas de inconstitucionalidad contra la norma sancionada en la Legislatura de Misiones.

“Acá hay un planteo de inconstitucionalidad que se hará en ante el juez competente que corresponda, y esperamos que esto realmente se resuelva a la brevedad posible”, señaló De La Torre.

Por otra parte, la abogada que integra el órgano que controla la labor de los jueces federales, recordó que el gobernador Hugo Passalacqua, dispone de la herramienta constitucional del veto parcial. “Apelamos también a eso. Porque lo razonable y lo esperable es que gobernador atendiendo a la ciudadanía, recapacite y vete parcialmente estos artículos”, concluyó.

Antes de la sanción del proyecto, convertido en ley este jueves con 27 votos a favor y 11 en contra, De La Torre había expresado su preocupación ante la iniciativa en las redes sociales.