Como se anticipaba, el oficialismo y sus aliados en la Legislatura de Misiones hizo pesar su mayoría y convirtió en ley, el proyecto impulsado por el diputado provincial Carlos Rovira, para la creación de una Fiscalía provincial especializada en Cibercrimen, pese a las denuncias por inconstitucionalidad formulados por la oposición y por numerosos abogados y catedráticos, como la consejera de la Magistratura de la Nación, Jimena De La Torres.

El proyecto fue aprobado con 27 votos a favor y 11 en contra. No estuvo presente el diputado libertario Pedro Puerta (del bloque Activar) que se tomó una licencia. En tanto, la banca número 40 está vacía, dado que no se habilitó la asunción del reemplazante de Germán Kiczka (Activar – La Libertad Avanza), expulsado en el marco de la causa por pedofilia por la que está detenido.

La Comisión de Legislación dio dictamen este miércoles al controvertido proyecto que está siendo cuestionado por contener artículos que atentan contra la libertad de expresión y el estado de Derecho, según denunciaron diputados de la oposición y abogados del fuero local y nacional, entre ellos, la consejera la de Magistratura, Jimena De La Torre.

Esta ley aprobada surgió de la unificación de dos proyectos de ley del diputado Carlos Rovira; dos de los renovadores José Luis Pastori y Rafael Pereyra Pigerl; y uno de la radical Lilia Torres, que votó en contra de la iniciativa, asegurando que varios artículos desnaturalizaron la que fuera su iniciativa. Fue incorporado al orden del día al inicio de la sesión por pedido del jefe de la bancada renovadora, Martín Cesino, quien solicitó que sea tratado en primer lugar.

Según informaron desde la Legislatura provincial, en el recinto, la presidenta de la Comisión de Legislación General, Anazul Centeno, dijo que “esta Fiscalía va a tener competencia material para llevar a cabo la investigación de ciberdelitos, que sabemos que son aquellos cometidos dentro del mundo cibernético o que tienen como principal medio comisivo, es decir, para arribar a la comisión del delito, la utilización de medios informáticos, telemáticos o cualquier tipo de dispositivo electrónico, tanto para su planificación, su realización, ocultamiento y encubrimiento”.

“Algo que también ha suscitado debate en nuestra comisión y me parece importante mencionar es que se establece a través de este dictamen que cuando la ejecución de estos delitos y de otros delitos como la trata de personas, sustracción de menores, pornografía infantil, pedofilia, entre otros, sean cometidos en distintas jurisdicciones de nuestra provincia, esta Fiscalía va a interceder para tomar medidas preventivas e inmediatas, no solamente en virtud de su especificidad, sino en virtud de su cercanía con la única finalidad de garantizar el resguardo efectivo e integral de las personas que son víctimas, así como también de los medios de prueba, y obviamente esto lo hará en el marco de un trabajo colaborativo con el fuero competente”, agregó la legisladora.

Según la diputada oficialista, “esta ley es clara. No persigue ningún fin espurio, no persigue cercenar ningún derecho constitucional, ni restringir la libertad de expresión (…) Lejos de darle facultades ilimitadas a alguien, lo que hace es poner límites”, aseguró Centeno, en respuesta a las críticas de la oposición.

Por su parte, la diputada radical Torres, una de las co-autoras del proyecto, calificó como “una necesidad” la de contar con una Fiscalía de Cibercrimen en Misiones, pero hizo varias observaciones y objeciones al dictamen sancionado. Aseguró que los artículos 6 y 7 “desnaturalizaron” el proyecto por cómo están redactado debido a que “pueden usarse para herramienta para silenciar voces, críticas y limitar la libertad de expresión”.

“Quiero dejar asentado a los fines de su aplicación e interpretación anterior, que los fake news, las ‘noticas falsas’, reguladas en esos artículos no son delitos tipificados por el Código Penal”, advirtió Torres, que votó en contra del proyecto sancionado por la mayoría del oficialismo.

En esta línea, la diputada radical insistió en que “la injuria y la calumnia son de instancia privada” por lo que “requieren denuncia previa del ofendido” y, agregó, son una limitante para el fiscal.

A su turno, el jefe del bloque de la UCR, Ariel Pianesi, expresó que “hacen ruido” los artículos 6 y 7 del proyecto transformado en ley y por el poder que se le otorga a la fiscalía en una provincia en la que rige un sistema penal en el que es el juez quien ordena las medidas de prueba, con sugerencias del fiscal. “Acá no dice que un juez tiene que autorizar la medida”, insistió Pianesi, añadiendo que “no vamos a acompañar porque nos da más dudas que certezas este dictamen”.

Por su parte, la macrista Analia Labandoczka ratificó el voto en contra del bloque del Pro y realizó varias críticas al proyecto sosteniendo que “el fin no justifica los medios”. “Este proyecto atenta contra principios constitucionales como la libertad de expresión. El derecho a la propiedad privada. Viola la jurisdicción de la competencia federal. Otorga facultades a un fiscal que son contrarias al Estado de derecho”, enfatizó la diputada.

Quizás la crítica más contundente al proyecto, la hizo pública la abogada Jimena De La Torre, integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación. A través de su cuenta en la red social X, antes de consumarse la sanción de la llamada “ley mordaza”, escribió: “la unicameral de la provincia de Misiones pretende aprobar un proyecto que esconde una AMENAZA PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA DEMOCRACIA.”

Y posteó un video donde explica los motivos de su preocupación por esta norma sancionada por la Legislatura de Misiones, que según la abogada, atenta contra el estado de derecho y las garantías constitucionales de los ciudadanos.

“Atentos. Hoy la unicameral de la provincia de Misiones pretende aprobar un proyecto de ley que nos recuerda a un caballo de Troya. A primera vista parece benévolo, inofensivo, pero en su interior se esconde una amenaza para la libertad de expresión y la democracia. Este proyecto busca crear una fiscalía para combatir el ciberdelito, pero en algunos artículos, especialmente en el artículo 6, 7 y 10, va en contra de la constitución nacional, otorgándole al fiscal facultades que son contrarias al estado de derecho”, advirtió De La Torre.

“Por ejemplo, el fiscal tendría la potestad de ordenar el secuestro de celulares o computadoras ante la simple sospecha del delito de calumnias injurias, atribuciones que son solo de un juez y delitos que no tienen nada que ver con la ciberdelincuencia”, señaló la abogada.

En esta línea, De La Torre insistió en que “estos artículos (6, 7 y 10) van más allá de la simple regulación y pueden ser usados con fines persecutorios en lugar de procurar justicia. La ambigüedad de esta ley convierte al gobierno en juez y parte, manipulando la verdad a su conveniencia”, alertó.

“No podemos permitir que este caballo de Troya entre en nuestro sistema democrático, ni siquiera dentro de una provincia. Puede ser el inicio de una modalidad autoritaria para controlar medios y opiniones. Defender nuestra libertad de expresión es defender nuestra libertad como ciudadanos”, manifestó De La Torre.

“Que la búsqueda, de expresión es defender nuestra libertad como ciudadanos. Que la búsqueda de justicia no se transforme jamás en persecución”, sentenció De La Torre en el video que en seis horas tuvo 5 mil vistas.

Curiosamente, el Colegio de Abogados de Misiones (Cademis) no emitió ninguna opinión frente al proyecto que se conoce masivamente desde este miércoles. Sí revelaron a este portal, que no participaron ni fueron convocados para hacer aportes al momento de confeccionar la norma.