El proyecto de ley conocido bajo el expediente D-65100/24, fue presentado este jueves  en diputados con el apoyo de la totalidad de los legisladores de la Renovación, contiene varios artículos que atentan contra la libertad de expresión, instauran un mecanismo de censura previa y por tanto, no resisten las pruebas de constitucionalidad, según explicaron varios abogados consultados por AgenciaHoy.

La iniciativa que está disponible en el sitio oficial de la Cámara de Representantes, crea una Fiscalía Especializada en Ciberdelitos, en la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia y, entre otros puntos, permite al juez denegar la excarcelación por tiempo indefinido, cuando se sospecha de la comisión de un delito por medios informáticos.

Esta iniciativa, “le está dando facultades jurisdiccionales –propias del juez–  al fiscal cuando nuestro sistema no lo prevé, siendo por tanto inconstitucional e ilegal, viola el principio del juez natural. Nuestro sistema no es acusatorio por tanto el fiscal no puede hacer mucho, más bien nada, solo proponer medidas e impulsarlas pero siempre con orden u autorización judicial”, explicó la abogada laboralista Roxana Rivas, quien asesora a ATE Misiones.

Ante la consulta sobre la constitucionalidad del proyecto, otro abogado fue enfático: “por supuesto que no. Es una aberración ese proyecto. El artículo 7 viola la libertad de expresión y de prensa, como así también agrava penas del código penal. En fin, es un disparate”, sentenció el abogado Fernando Acosta.

Por su parte, desde el Colegio de Abogados de Misiones señalaron a este medio que están analizando el proyecto, en el cual –insistieron– no tuvieron ninguna participación. Es decir, los diputados que confeccionaron la iniciativa, no consultaron a los miembros del Cademis sobre cuestiones técnicas y legales del instrumento que seguramente será sancionado, dada la mayoría abrumadora con la que cuenta el oficialismo y sus aliados en la Legislatura.

Muestra de que este proyecto está en el centro de la agenda del oficialismo, fueron las palabras que el diputado provincial José Luis Pastori dijo a LT4 y AgenciaHoy, en defensa de esta fiscalía con el supuesto objetivo de detectar a pedófilos y prevenir crímenes como los que se le imputan al diputado puertista Germán Kiczka, y a su hermano Sebastián, quienes permanecen detenidos desde la semana pasada en la resonante causa por tenencia y distribución de 601 archivos MASI (Material de Abuso Sexual Infantil)

Otra fuente consultada, en estricta reserva de identidad para evitar represalias, brindó una explicación pormenorizada sobre cómo este proyecto impulsado por la Renovación, atenta contra derechos constitucionales y, por ende, tarde o temprano será declarado inconstitucional. Además, anticipó que, de sancionarse, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos va a penalizar al país y a la provincia.

“Los artículos 6 y 7 están alterando el régimen de delegación de poderes entre provincia y Nación. O sea, las provincias no pueden legislar en materia penal porque delegaron esa facultad, esa potestad al gobierno central y al Congreso de la Nación. Entonces, están invadiendo competencias en el Congreso de la Nación, que tarde o temprano algún juez declarará inconstitucional porque no se puede modificar, ampliar o interpretar las normas del código penal a través de normas provinciales”, subrayó la fuente, con amplios conocimientos en materia de constitucionalidad.

Asimismo, la fuente insistió en que “la amplitud que se le da al juez para determinar o no la libertad en los casos de infracciones a la ley permiten que, cuando él quiera, podrá disponer o no la libertad, cuando se trate de cuestiones informáticas. Es aberrante la norma. Viola todos los tratados de derechos humanos, no le pone límite al juez y, por lo tanto, le está diciendo al juez que haga lo que quiera”, advirtió.

“Realmente es de lo peor de lo que he visto en legislación penal. Volvemos a un sistema represivo peor que el de la Dictadura (Cívico–militar de 1976 – 1983), porque estamos frente a una ausencia de todo límite racional. La norma no dice nada, dice cuando el juez quiera (ordene una detención) Es una amplitud que impide que los jueces estén limitados por la ley”, subrayó la fuente, añadiendo que “la ley que tiene que cumplir el rol de limitar el poder, lo que hace es ampliarlo.”

Respecto de si la norma se podría utilizar para la persecución política a través de la suplantación de identidades digitales, es decir, que alguien se haga pasar por la potencial víctima para injuriar en las redes sociales y así, ser alcanzable por la Fiscalía de Ciberdelitos, esta fuente señaló que es inimaginable todo lo que se puede hacer con esta ley. “Están orientadas a esa finalidad concreta, de restringir la libertad. Y la libertad de expresión en una democracia es justamente lo que les molesta a los a los dueños del poder, les molesta la libertad de expresión”, comentó.

“O sea, odian la libertad de expresión porque es la que les muestra es como un espejo que les muestra tal son, y no se pueden ver en el espejo. Así que lo peor que les pueden, lo peor que le puede pasar a un dictador, a un autócrata, a estos fanáticos de la monarquía moderna, es la libertad de expresión. Así que la combaten, combate la libertad de expresión. Primero combaten la justicia, la destruyen, rompen la división de poderes. Después combaten a los medios, los destruyen, rompen la libertad de expresión pública. Y ahora están rompiendo la libertad de expresión privada”, alertó la fuente, en estricto off-the-record.

“La próxima vienen por tu mamá, vienen por tu papá, o sea, estos pasos son gravísimos. Y yo creo que la ciudadanía no debe tolerar y debe castigar con el voto. Es aberrante lo que está pasando”, señaló la fuente, aunque aclaró que es difícil esperar que un tribunal o juzgado de Misiones vaya a declarar inconstitucional este proyecto, si se convierte en ley. “Es muy difícil esperar que haya una respuesta jurídica eficaz o eficiente ante un planteo de inconstitucionalidad respecto de alguien que dicta las normas y cuando es la misma persona que designa los (jueces) Nadie se va a tirar a declarar inconstitucional una norma dictada por quien lo apadrinó para ser juez o para ser fiscal”, argumentó la fuente.

“Entonces, ahí tenemos la grave contradicción, porque lo que no hay es división de poderes, es el problema central de nuestro sistema democrático hoy. Tenemos un sistema democrático atenuado, con una forma de gobierno republicana absolutamente más bastardeada. Al no haber división de poderes, no puede esperar ninguna respuesta de los poderes que tienen facultades de control. Al no haber posibilidades de respuesta de control, el poder es hegemónico. Lo único que podemos hacer es manifestar la notoria inconstitucionalidad de la norma y, bueno, no lo declararán en estos tribunales, se declarará en los tribunales nacionales, los federales, en algún momento, y caerá la norma porque cae por su propio peso”, dijo la fuente.

Por otra parte, la fuente admitió que la norma puede ser empleada para la persecución política de disidentes. “La Corte Interamericana dijo que cómo debe ser nuestro Código Penal. A partir de lo que dijo la Corte Interamericana, el Código Penal argentino fue modificado y restringida la posibilidad de que los funcionarios públicos o el poder de turno pueda perseguir a las personas que se expresen respecto de ellos, manifestando opiniones, contrarías a los poderes de turno”, sostuvo la fuente.

“O sea, podrán causar daño ahora con esto, pero tarde o temprano la Corte Interamericana va a fallar en contra del Estado argentino y va a condenar al Estado argentino por esta clase de normas. Tarde o temprano esos fallos dictan precedentes y crean cambios”, detalló la fuente, que recordó un fallo específico de la Corte contra Argentina.

Al respecto, la fuente consultada recordó el caso de un periodista “que publicó una opinión respecto a un juez del proceso que cajoneaba los pedidos de habeas corpus. Lo publicó en un libro y, fue enjuiciado y esto llegó a la Corte Interamericana porque la justicia nacional fue favorable al juez. La corporación judicial se autodefendió. Sin embargo, la Corte Interamericana realizó un control de convencionalidad y falló en contra del Estado argentino y, terminó obligando al Congreso a modificar el Código Penal y, de alguna manera, prácticamente, dejar sin efecto toda restricción de crítica a los funcionarios”, detalló la fuente.

“Es decir, para acotar (el Código Penal) y hacerlo claro. Lo único que pueden que puede mantenerse es lo que hay en el código penal, que es, si hay amenazas, es un es un delito, es decir, nadie está autorizado a proferir amenazas, amenazas contra la vida, contra la salud, contra la integridad de una persona. Nadie está autorizado a injuriar, nadie está autorizado a difamar. En este punto tampoco estamos autorizados a calumniar, que es acusar a otro de un de cometer un delito, cuando este no lo cometió. Pero eso tiene consecuencias judiciales, es decir, lo que lo que no puede haber es censura previa”, reflexionó la fuente.

“Censura previa no puede haber, yo me puedo expresar, tendré que parar las consecuencias si en esas expresiones amenacé, calumnié o injurié a una persona. Esto es lo que dice el Código Penal y hasta ahí se puede llegar. Todo lo que sobrepase esa línea está condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual nuestro país suscribe y la provincia de Misiones está obligada a respetar”, aclaró la fuente.

“Así que estas normas son normas que van a quedar, si se si se promulgan, tarde o temprano, algún juez independiente, seguramente no de la provincia, porque la provincia no podemos esperar que se sacrifiquen por el honor a la república, porque dictar un fallo significa que le hagan después un juicio de político o lo remuevan”, concluyó la fuente, en estricto off-the-record.