Este viernes, luego de la histórica sesión del Senado de la Nación en la que fueron rechazados los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, nombrados “en comisión” por el presidente ultraderechista Javier Milei en la Corte Suprema, el juez del supremo tribunal Ricardo Lorenzetti consideró que la decisión de los senadores es “respetable” y que en su caso, “jamás aceptaría ser designado por decreto”.

Esta definición es clave porque García Mansilla ya juró como juez de la Corte Suprema y ahora pretende permanecer en el cargo pese a que su pliego fue rechazado por 51 de los 72 senadores de la Nación. El primer paso formal para esto, es el envío de una carta para que los restantes jueces de la Corte, es decir, Lorenzetti y sus pares Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, opinen sobre la situación que casi la totalidad de los constitucionalistas consideran insostenible.

Si bien aseguró que el futuro de García Mansilla, dependerá de una decisión personal, Lorenzetti dejó clara su posición al respecto: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto”. “Lo primero que corresponde es dar tranquilidad a la población. La Corte es una institución que va más allá de las personas que la integramos. Estamos funcionando correctamente, se dictan sentencias, vamos a seguir haciéndolo más allá de todas las opiniones”, sostuvo Lorenzetti ante la consulta de Eduardo Feinmann en Radio Mitre.

De acuerdo con Infobae, el juez argumentó: “Creo que más allá de las discusiones que pueda haber, lo cierto es que funcionan las instituciones. El Senado opinó y eso es respetable. Si uno analiza lo que se discutió ayer, se habló más del decreto que de los candidatos. Si uno suprime mentalmente el decreto, la situación de los candidatos hubiera sido distinta”, enfatizó el magistrado, uno de los promotores de la postulación de Lijo para la Corte Suprema.

Ayer, el Senado rechazó los pliegos de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla, elegidos por el Presidente para integrar la Corte Suprema de Justicia y designados por decreto “en comisión” en el receso de verano, a tres días de que el Congreso retome su actividad.

La Corte Suprema le tomó juramente a García Mansilla, pese a que su designación no cumple con el requisito constitucional del aval del Senado. En cambio, Lijo no juró porque pretendía que le permitan asumir como ministro de la Corte, manteniendo su cargo como juez federal, hasta tanto conseguir el aval parlamentario. Esto fue rechazado por la Corte misma, con el voto de García Mansilla, Rosenkrantz y Rosatti.

En cuanto a si el ex decano de la Universidad Austral debería renunciar, Lorenzetti comentó: “Yo no puedo opinar porque son temas jurídicos. El doctor García-Mansilla es una persona honorable, está trabajando con nosotros y él es el que va a pensar sobre esto, es una decisión personal que él estará evaluando”, sostuvo.

“La Corte no tiene ningún tema judicial para opinar y nosotros no damos opiniones de temas controvertidos por radio, nosotros tenemos que ver si hay un expediente y ahí opinamos”, contestó Lorenzetti ante la pregunta de Feinmann. “¿Pero usted qué hubiera hecho?”, insistió el periodista.

Ante esa repregunta, Lorenzetti aclaró: “Yo nunca aceptaría ser designado por decreto. Eso yo lo dije en infinidad de oportunidades. Y además creo que hay que ser coherentes en la vida. Yo lo dije muy claramente hace muchos años al presidente (Mauricio) Macri. En ese momento éramos cuatro y le sugerimos que no era conveniente. Bueno, ahora el Presidente (Javier Milei) tomó otra decisión y desde el punto de vista del Poder Ejecutivo es entendible”, contestó el juez.

Las próximas horas serán claves porque García Mansilla está acusado de prevaricato y podría enfrentar denuncias penales si no renuncia al cargo para el que no cuenta con el aval constitucional del Senado. Mientras que la Casa Rosada presiona a este juez para que siga en el cargo, para que la derrota política no sea total, aunque ello implique un problema muy grave en términos institucionales: los fallos firmados por el juez designado “en comisión”, serán recusados de “nulidad” desde el momento en que su pliego fue rechazado en el Congreso de la Nación.