Varios casos en los últimos años ilustran la degradación institucional y falta de control de los contratos del Estado, y resultan sintomáticos los alquileres para el funcionamiento de organismos oficiales, que sistemáticamente benefician a familiares y allegados del poder renovador en Misiones. Tres contratos resultan paradigmáticos, desde el 2019 a la fecha y el más reciente de los que están bajo la lupa, involucra a la jefa del organismo que controla las finanzas del Estado provincial.

La presidente del Tribunal de Cuentas Fabiola Bianco podría ser acusada de presunto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública si algún fiscal en Misiones actuara de oficio e investigara el contrato de alquiler de un inmueble por el que se vio beneficiado Ariel Saidel, el esposo de la funcionaria renovadora encargada del control de las cuentas públicas del Estado provincial, de los organismos descentralizados y de las Sociedades del Estado misionero.

Este contrato por un inmueble donde funcionan dependencias del Ministerio de Turismo de Misiones, fue extendido por el decreto  firmado el 27 de julio del 2023, es decir, hace más de un año. Sin embargo, el instrumento legal apareció publicado en el Boletín Oficial de Misiones N° 15.967, del pasado 3 de octubre.

Saidel, el gerente de la empresa ASA SRL, es el propietario del inmueble donde actualmente funciona la cartera provincial mencionada, con lo cual aparecen sospechas de “tráfico de influencias” porque es el esposo de Bianco, y el padre del hijo de ambos. El contrato de alquiler es por 3 años por más de $6 millones.

Según consta en el Boletín Oficial n° 15.967, el decreto N° 1243 firmado el pasado 27 de julio (expediente N° 4100-015-T-2.023) determina que se aprueba “en todas sus partes el Contrato de Locación, del inmueble ubicado en calle La Rioja N° 393, Unidad funcional 01, con acceso por calle Colón N° 1.975 (Ex 390), de la Ciudad de Posadas, que forma parte del presente como Anexo I y que fuera suscripto por el Ministro Secretario de Turismo de la Provincia de Misiones, (…), en carácter de Locatario y el Sr. Ariel David Saidel, (…) con vigencia de treinta y seis (36) meses desde el 1° de Enero de 2.023 hasta el 31 de Diciembre de 2.025, destinados a oficinas administrativas dependencias del Ministerio de Turismo de la Provincia de Misiones”.

De acuerdo con la información publicada en el boletín oficial, “se hace necesario el reconocimiento y legítimo abono a favor del Sr. Ariel David Saidel, (…) de las facturas original tipo ‘C’ N° 00004-00000152 y “C” N° 00004-00000153 correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2.023, por la suma de $ 119.000,00 cada una, en concepto de alquiler por la utilización del inmueble sito en calle La Rioja N° 393, (…) y hasta la fecha de aprobación del presente Decreto”.

Asimismo, el decreto habla de “autorizar la Contratación y por el término de treinta y seis (36) meses, que fuera aprobada por nota 231/22” y establece que “el locatario deberá abonar a partir del 1° de Enero del 2.023, la suma de ($ 119.000,00) mensuales, por el primer período de 12 meses; la suma de ($ 166.600,00) mensuales, por el segundo período de 12 meses y la suma de ($ 233.240,00) mensuales, por el tercer período de 12 meses; al Sr. Ariel David Saidel, (…) totalizando el Contrato por el término de treinta y seis (36) meses, la suma de ($ 6.226.080,00)”.

La vigencia de ese contrato de alquiler “será de treinta y seis (36) meses, comenzando el día 1° de Enero de 2.023 y finalizando el día 31 de Diciembre de 2.025”.

Estos 6 millones que está percibiendo Seidel por un contrato de alquiler con el Estado, parecen un caso sintomático: quien debe auditar y controlar las cuentas del Ministerio de Turismo, es el Tribunal de Cuentas que está presidido por la pareja de un locador beneficiado con una contratación directa del citado ministerio. Se estarían dando negociaciones incompatibles con la función pública, porque la ley establece que la funcionaria encargada del control de las cuentas públicas no puede estar vinculada a una de las partes sujetas a la revisión de contratos del Estado.

Desde luego, no sorprenden este tipo de negociaciones incompatibles, en una provincia como Misiones, donde Petrovalle SA, la empresa del ex gobernador Maurice Closs, vendía combustible al Estado provincial en momentos en que él estaba al frente del Ejecutivo Provincial. De hecho, ese caso de negociaciones incompatibles se prolongó durante los 8 años de gestión del ex gobernador kirchnerista, sin siquiera ninguna denuncia penal presentada.

Por supuesto, el caso Seidel–Bianco, no sería el único de vínculos comerciales entre familiares de funcionarios públicos y el Estado misionero, dado que numerosos familiares, parejas y allegados de funcionarios terminan siendo beneficiados con contratos de alquiler.

Uno de los casos más resonantes y burdos, fue el que vinculó a la exsubsecretaria de la mujer Celia Kozachik con su hermana, Andrea Kozachik, que le alquiló un inmueble para el funcionamiento de una “casa refugio” para víctimas de violencia de género durante 12 meses, entre el 1 de julio del 2021 y el 30 de junio del 2022. Esta información es pública y aparece en el Boletín Oficial N° 15.538 publicado el 22 de diciembre del 2021. En ese documento se informa a la sociedad, el contenido del decreto N°1865/21, firmado el 22 de septiembre de ese año, es decir, 3 meses antes.

La situación de Kozachik –la exesposa del empresario renovador Julio Koropeski, el propietario de Crucero del Norte–, que jamás fue investigada por la justicia “a la misionera”, era aún más explícita que la de Bianco con su esposo: Andrea Kozachik, el alquilaba un inmueble al organismo que presidía su hermana, Celia Kozachik, es decir, la subsecretaría de la mujer dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

Pero como para que no existan dudas del presunto tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública, las hermanas Kozachik no tuvieron mejor idea que nombrar “Celia” al fideicomiso por el cual se realizó la contratación de alquiler (según el decreto 1865/21, el Fideicomiso Celia tiene el CUIT 30-71378310-9)

Aquel contrato que benefició a Andrea Kozachik y “su” fideicomiso “Celia” fue por un monto de $350 mil mensuales durante 12 meses. Y el inmueble alquilado fue una unidad de 811,512 metros cuadrados, conformado por cuatro departamentos de dos dormitorios, 10 departamentos de 1 dormitorio, 7 departamentos monoambientes, cochera y depósito.

En un año en el que el dólar blue varió entre los $168 y los $238. A un promedio de $203, la suma total del alquiler pagado por el gobierno provincial ($4.200.000) equivaldrían a unos U$S 20.689, que a la fecha serían unos $28 millones.

El caso ni siquiera llegó a los medios de prensa, quizás por la fuerte influencia –cuando no amenazas– del gobierno provincial y del clan Koropeski–Kozachik.

Un caso más pero del 2019, salpica a un ministro del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, lo cual ilustra de manera dramática, que el problema es estructural y atraviesa a todos los poderes del Estado.

En desarrollo.