En un acto que la mayoría de los economistas entienden como de “desesperación” por el derrumbe de las reservas del Banco Central, el presidente Javier Milei resolvió este jueves que mandará un DNU al Congreso en el que se autoriza a sí mismo a cerrar el acuerdo con el FMI sin necesidad que el Congreso lo apruebe, como exige actualmente el artículo 65 de la ley de administración financiera, cláusula conocida como ley Guzmán.

De esta forma, el gobierno ultraderechista toma un atajo de dudosa legalidad porque se dio cuenta que no iba a ser sencillo el camino que había trazado inicialmente, consistía en anular el requisito del artículo 65 y reemplazarlo por una delegación del Congreso en el Poder Ejecutivo para que cierre el acuerdo que quiera.

Según publicó el portal LPO, ante la pérdida de reservas, el ministro de Economía, Luis Caputo, necesita que este mes se alcance el acuerdo, así el FMI le suelta entre 7 mil y 12 mil millones de dólares para reforzar el Banco Central y calmar al mercado.

La jugada del gobierno fue anunciada mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, en el que de manera un tanto cínica se afirma que el Presidente “aspira a obtener un compromiso urgente de parte del Congreso, tal como ocurrió con todos los gobiernos anteriores”.

Por supuesto, lo que salta a la vista de cualquier interpretación, es que el gobierno ultraderechista quiere evitar el debate en el Congreso, en particular, en el Senado, donde no tiene una mayoría asegurada.

Como lo viene haciendo desde el inicio de su administración, Milei opta por los DNU, porque estos no requieren de la aprobación del Senado y de la Cámara de Diputados, sino que basta con que sólo una de las dos cámaras avale el decreto de necesidad y urgencia, para que quede firme.

Cabe recordar que, a diferencia de las leyes que no rigen hasta que son sancionadas por las dos cámaras, los decretos están vigentes hasta que ambas cámaras los rechacen. Y previamente se debe convocar y emitir dictamen la bicameral de Trámite Legislativo.

Ese es un camino tortuoso que le da la ventana temporal que necesita Milei, para cerrar el acuerdo y al mismo tiempo mostrarle al FMI que se ajusta a las normas argentinas. Por caso, hay un antecedente que avala la jugada de Milei y Caputo: el DNU 70/23 fue rechazado por el Senado, pero Diputados no lo trató y por eso sigue vigente.

Esto es así por causa de la ley nacional 26.122, que regula los DNU y establece que para que entren en vigencia, basta la firma del instrumento. Mientras que, para que sean nulos, ambas cámaras del Congreso lo deben rechazar. Esa ley fue promovida por la expresidente Cristina Kirchner, cuando era senadora, en junio del 2006, justamente para darle más poder al Ejecutivo nacional que por entonces encabezaba el expresidente Néstor Kirchner.

Ahora bien, que un DNU modifique una ley nacional, es una medida que posiblemente va a ser judicializada, porque es de público conocimiento que las leyes nacionales tienen un estatus legal superior al de los decretos de necesidad y urgencia: las primeras necesitan doble acuerdo parlamentario y los segundos, no.

Esta maniobra fue pergeñada por Leonardo Madcur, ex negociador en jefe de Sergio Massa y actual representante argentino ante el FMI.

El anuncio se produjo después de las declaraciones de la vocera del Fondo, Julie Kozack, en la conferencia de prensa de este jueves, que fueron interpretadas de manera muy confusa por los medios argentinos. Algunos entendieron que Kozack le quitó relevancia al requisito de que el acuerdo pase por el Congreso, pero en rigor la vocera subrayó que la ley argentina exigía ese paso.

Según sostiene el comunicado difundido por la Oficina del Presidente, el Ejecutivo pretende un nuevo acuerdo con el FMI, para un nuevo endeudamiento, “tal como se comprometió el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias”.

En otro fragmento, indicaron que dicho acuerdo “implicará una operación de crédito público mediante la cual el Tesoro Nacional cancelará deuda existente con el Banco Central”. “El resultante neto de esta operación implicará una reducción del total de la deuda pública”, destacaron en el comunicado.

La Oficina del Presidente también sostuvo que el nuevo entendimiento “permitirá fortalecer el balance del Banco Central, hito esencial para consolidar la estabilidad monetaria, financiera y macroeconómica y continuar con el proceso de desinflación y de liberación de las restricciones cambiarias”.

Casualmente, este punto es el que impidió el acuerdo del gobierno ultraderechista con el FMI, que quiere evitar que los fondos frescos que se presten, unos 15 mil o 20 mil millones de dólares, se utilicen para intervenir en el mercado cambiario y sostener los actuales valores del dólar, con el objetivo manifiesto de impedir un salto inflacionario, por lo menos, antes de las elecciones legislativas de octubre.