En el marco de la causa penal por supuesta distribución de pornografía infantil, y luego del triple allanamiento simultáneo concretado en Apóstoles este martes por la mañana, el juez de Instrucción Miguel Ángel Faria notificó a la Cámara de Representantes de la provincia sobre la investigación en la que estaría imputado el diputado provincial Germán Kiczka, del partido Activar que preside el también diputado Pedro Puerta.

Al diputado, junto a su padre y su hermano se los investiga por las supuestas “publicaciones, reproducciones y/o distribuciones de representaciones de un menor dedicado a actividades sexuales explícitas” de pornografía infantil.

Ahora, la Cámara de Representantes deberá definir si aplican el artículo 139 del Reglamento interno, y se crea una comisión especial para definir si corresponde o no el desafuero para que el diputado se defienda ante la Justicia, sin fueros. “En el caso que un diputado incurra en faltas más graves que las prevenidas en el artículo 136, la Cámara, a indicación del presidente o por moción de cualquiera de sus miembros, decidirá por una votación sin discusión si es o no llegada la oportunidad de usar de la facultad que le confiere el artículo 90 de la Constitución Provincial. Resultando afirmativa, la Cámara nombrará una Comisión Especial de cinco miembros que actuará de acuerdo con las facultades concedidas por las normas y procedimientos vigentes y respetando los derechos y garantías constitucionales”.

El citado artículo 136 hace referencia a “alusiones irrespetuosas y las imputaciones de mala intención o de móviles ilegítimos hacia la Cámara y sus miembros”.

Según dejaron trascender desde el oficialismo en la Cámara, la notificación de Faría ingresó a la Legislatura este miércoles, aunque el documento aún no fue informado a los 40 diputados provinciales. Esa comunicación está prevista para el 22 de agosto próximo, cuando se emita el Boletín de Asuntos Entrados de la próxima sesión de la Legislatura misionera.

Ahora entra a tallar la cuestión política, dado que el oficialismo renovador tiene una mayoría automática en la Legislatura, con 25 de las 40 bancas. Para empezar, la acusación penal contra Kiczka debería tratarse en una sesión especial, dado que la Cámara está en receso invernal. Hasta el momento, el presidente de la Cámara, Oscar Herrera Ahuad, no convocó a una sesión especial.

En tanto, para que la Cámara expulse o destituya a Kiczka, debe reunirse una mayoría calificada, de los dos tercios de la Cámara, es decir, 27 diputados. El diputado libertario ya informó públicamente que se puso a disposición de la justicia y que no piensa renunciar a su banca. Pero la Renovación cuenta con 25 bancas y varios habituales aliados podrían sumarse a una hipotética expulsión, entre ellos, los excamporistas del bloque del Frente Encuentro Popular Agrario Social para la Victoria, Santiago Mansilla y Martín Sancho.

En el caso de que el oficialismo renovador intente expulsar a Kiczka, deberá conseguir esos 27 votos y depende del apoyo de otros bloques, como el del PAyS que tiene 2 diputados; el del PRO que cuenta con 4 diputados o el de la UCR, que tiene 5 legisladores. Está descontado que el bloque Activar que integran Kiczka y Pedro Puerta, no avalará el desafuero.

Al respecto, cabe recordar que el artículo 90 de la Constitución Provincial estableció en su texto que “con dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros podrá corregir con multa, suspensión y aún con la expulsión de su seno, a cualquiera de sus miembros por la inasistencia reiterada y contumaz o mala conducta en el desempeño de sus funciones, y removerlos por inhabilidad física o moral, sobreviniente a su incorporación. Pero bastará la mayoría de uno sobre la mitad de los presentes para decidir de la renuncia que voluntariamente cualquiera hiciere de su cargo”.