Este miércoles y contra la voluntad de millones de argentinos, el Gobierno oficializó el veto a la Ley de Financiamiento Universitario a través de un decreto que fue publicado este jueves en el Boletín Oficial de la Nación. 

Con el argumento de mantener el déficit cero, el presidente Javier Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario. “Observase en su totalidad el proyecto de Ley registrado bajo el N° 27.757”, confirma el artículo 1°. “El proyecto de ley sancionado por el Congreso es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente, en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”, sostiene el decreto que fue rechazado este miércoles por más de un millón de personas marchando en las principales ciudades del país.

Según TN, el decreto del veto sostiene la implementación del proyecto hubiera significado un incremento de $251.907.500.000 en los presupuestos vigentes de las universidades nacionales solo hasta agosto de 2024. A esto se sumaba un gasto adicional proyectado en $811.569.000.000 para la recomposición salarial del personal universitario.

Además, el Poder Ejecutivo argumentó que la ley presentaba incongruencias con la normativa vigente sobre la negociación colectiva y gestión de la Administración Financiera Pública, destacando que la medida otorgaría un privilegio al personal universitario en comparación con el resto de los trabajadores del sector público.

“La medida sancionada establecería un privilegio para el personal de las Universidades Nacionales (87% de incremento entre diciembre 2023 y agosto 2024) respecto del resto del personal de la Administración Pública Nacional (78% en el mismo período), por lo que los incrementos salariales deben tener lugar a través de la negociación colectiva de trabajo”, argumenta el decreto, que como otros discursos del gobierno, está cuestionado en los números, calificados directamente de falsos.

De acuerdo con una exposición del investigador del Economista de la Universidad de San Andrés, Sebastián Rovira, los datos oficiales muestran que en la comparación interanual entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre del 2024, en enero recibieron el 31% menos de presupuesto; en febrero, el 25% (menos); en marzo, el 18% (menos); en abril, el 38% (menos); en mayo, el 19% (menos); en junio el 95% (menos); en julio, el 20% (menos), y en agosto promedian el 39% (menos)

Se trata del financiamiento universitario más bajo desde el 1997, y del presupuesto más bajo por estudiante desde el 2000. Los salarios que representan el 90% de los recursos del presupuesto universitario y están bajo control del Ministerio de Economía y el de Capital Humano, que tienen una base de datos con todos los números que cobra cada docente universitario.

Un jefe de trabajos prácticos está cobrando un piso de unos $216 mil (10 horas), sin embargo, para el gobierno libertario y sus aliados del PRO, algunos sectores de la UCR y partidos provinciales, las universidades deben sufrir el ajuste para asegurar el supuesto equilibrio fiscal que el gobierno consigue, entre otras cosas, pisando y defaulteando las deudas con las empresas energéticas.

Atentando contra el equilibrio fiscal, una de las medidas que impulsó el gobierno de Milei y que tuvo el apoyo de sectores del radicalismo, el PRO y la Renovación, fue la baja del impuesto a los bienes personales, que beneficia a los sectores más pudientes del país.

Según expuso Sebastián Rovira en la red instagram, casi el 10 por ciento del superávit fiscal hasta julio de este año, proviene de recursos no asignados a las universidades. Y para el 2025, las universidades tienen asignado un 48% menos que lo que exige el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

Por otra parte, según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo de la ley de financiamiento universitario tiene un costo del 0,14% del costo del PBI (Producto Bruto Interno) muy inferior al costo de la baja del impuesto a los bienes personales, que es del 0,44%, tres veces más.

Con el veto consumado, la discusión pasa al Congreso de la Nación y, más específicamente, a la Cámara de Diputados, que el pasado 11 de septiembre, con el voto de 87 “héroes” –según Milei– blindó el veto a la ley de reforma previsional que otorgaba una recomposición de $15 mil en las jubilaciones y pensiones. Para este veto contra las universidades públicas, no están garantizados esos diputados para blindar un veto.

Entre los que acompañaron el veto contra los jubilados, estuvieron los diputados por Misiones, Martín Arjol (actualmente suspendido de la UCR), la puertista libertaria Florencia Klipauka (LLA) y el macrista Emmanuel Bianchetti (PRO)

Desde luego, se puede anticipar que el más de millón de personas que salió a la calle este 2 de octubre, no va a votar a La Libertad Avanza en el año que viene. Tampoco votarían a ninguno de los partidos que apoyen el veto de Milei contra las universidades públicas.

En la Casa Rosada aceptaron pagar el costo político de vetar una ley con amplísimo consenso social, pero en el PRO ya están evaluando qué hacer con respecto a este veto. Y evalúan que si no están los números sólidos como para sostener el veto, acompañar esa medida de Milei puede tener mayor costo político para el macrismo: si la Cámara de Diputados consigue los dos tercios para promulgar la ley contra el veto, los que voten con LLA para sostener la anulación serán señalados como los que pretenden desfinanciar las universidades públicas. Y sin formar parte del gobierno en términos de cargos y lugares en el Gabinete libertario.