Este jueves, tomó estado parlamentario en la Legislatura de Misiones el controvertido proyecto de ley conocido bajo el expediente D-65100/24, que fue presentado por el diputado provincial y presidente del Frente Renovador de la Concordia Social, Carlos Rovira y apunta a la creación de una fiscalía especializada en cibercrimen, una iniciativa que contiene varios artículos queson inconstitucionales, según explicaron abogados del fuero provincial.

Uno de estos expertos en derecho penal, el profesor y abogado Eduardo Paredes, fue consultado sobre el proyecto en cuestión y comentó este domingo, que sin hacer un análisis exhaustivo del proyecto que ya está disponible en la página oficial de la Cámara de Representantes, puede decir que al menos tres artículos del proyecto son claramente inconstitucionales.

“El artículo 5, 6 y 7 es inconstitucional, especialmente el 6. Un fiscal no puede disponer nunca al secuestro si no es con orden judicial porque no tiene jurisdicción. La jurisdicción la tiene el poder judicial”, comenzó explicando Paredes a este portal.

“Básicamente, ningún fiscal ni acá ni en cualquier parte del mundo puede ordenar una requisa de un teléfono o lo que fuera, sin una orden judicial. Porque el único que tiene que hace control de constitucionalidad, esto no es solo en Argentina, esto es universal desde hace más o menos 200 años, es el Poder Judicial que tiene la jurisdicción”, amplió Paredes, insistiendo en que toda orden de requisa o secuestro, entre otras medidas de prueba, “tiene que estar muy bien fundada”.

Asimismo, Paredes puso de relieve que el proyecto de ley avanza sobre competencias exclusivas del Congreso de la Nación. “Por lo que leí, el proyecto sostiene ‘el fiscal ordenará’, y eso no lo puede hacer. Con las agravantes: en el artículo 174, se establece que el único órgano que puede agravar la ley penal es el Congreso de la Nación, la provincia no puede agravar eso. Entonces eso ya es inconstitucional”, advirtió el penalista.

En tanto, el profesor de derecho penal insistió en que es necesario dar “una mirada más profunda sobre el tema de las ‘noticias falsas’”, del que habla el proyecto. “Es un tema que está al límite de (la censura previa) Porque si alguien se siente afectado por una ‘noticia falsa’, puede iniciar una querella de acción penal privada. Entonces, que un fiscal intervenga, no siendo una cuestión de orden público, es inconstitucional”, argumentó Paredes, recordando que “el fiscal no puede, atribuirse” la facultad de iniciar una acción penal de este tipo.

“En la acción penal privada, por ejemplo, las calumnias o las injurias, la persona puede iniciar una querella o no. Y la puede parar cuando quiera, es de disponibilidad de las personas particulares. El Estado no puede meterse de oficio en esas cuestiones y eso viola la ley penal, el Código Penal, por lo tanto, eso también es inconstitucional”, subrayó el abogado, en un primer análisis del proyecto que podría ser sancionado en la Legislatura de Misiones, dada la mayoría automática con la que cuenta el oficialismo renovador.

En tanto, otro destacado penalista que prefirió mantener su identidad en reserva, fue lapidario con el proyecto presentado el pasado jueves en la Cámara de Representantes. Esa iniciativa “es un engendro jurídico”, dijo a este medio.

La norma “atenta contra la Constitución. La ley crea una figura, el fiscal del cibercrimen, que, con aval de no ser castigado, delinque porque toma medidas que violan el código penal, como ordenar requisas sin orden judicial, para atrapar a otro, que aún no es punible”, sostuvo esta fuente.

“En el código penal, no están penalizadas las expresiones públicas, que después pueden ser objeto de demandas por calumnias, injurias, etc. El proyecto saca al delito (ciberdelito) de la etapa previa de su concreción, induce al ciberdelito, para poder agarrar al supuesto ‘sancionable’”, detalló la fuente que proviene también del fuero penal.