En un escenario adverso para el gobierno ultraderechista que encabeza el presidente Javier Milei, que volvió a criticar al poder legislativo y a la prensa, las dos cámaras del Congreso de la Nación podrían propinarle derrotas históricas a un gobierno frágil, que no puede mostrar resultados en lo que refiere a la reactivación económica y el descenso de los niveles de pobreza, nunca vistos en las últimas décadas en Argentina.

Luego de una semana negra para el actual oficialismo, en las que, en tres días consecutivos recibió derrotas en comisiones y recintos, se viene otra semana difícil de asimilar para Milei. En ese escenario, en Misiones hay expectativa sobre cómo van a jugar sus cartas los diputados y senadores nacionales, aunque la mayor parte viene votando completamente alineada con el oficialismo y de hecho, una diputada nacional, la puertista Florencia Klipauka, ya forma parte del bloque de La Libertad Avanza, aunque casi sin esperanzas de representar al oficialismo en Misiones, por el escándalo del diputado detenido por pedofilia Germán Kiczka.

Según publicó el portal Parlamentario, el miércoles próximo la atención estará puesta en Diputados, donde un conglomerado opositor pidió una sesión para tratar sin dictamen el veto presidencial del lunes pasado contra la Ley de Movilidad Previsional. En el pedido de sesión figura el radicalismo en todas sus versiones, diputados de Encuentro Federal y de la Coalición Cívica. Tres bloques que por sí solos suman 55 miembros, pero a los que se sumarán automáticamente los diputados de Unión por la Patria y el Frente de la Izquierda y los Trabajadores Unidad (FITU), con lo que está garantizado el quórum para arrancar.

Después vienen dos votaciones para las que la oposición necesitará los dos tercios de los presentes para lograr declarar nulo el veto de Milei a la ley que, según estimaciones sólidas, mejora en apenas $14 mil las jubilaciones y pensiones.

Se requerirán los dos tercios de la Cámara baja para tratar sobre tablas la impugnación al veto que no pasó por las comisiones correspondientes (Previsión Social y Presupuesto y Hacienda) Y después, para vetar el veto. Si no se consigue esa sumatoria de votos, el veto de Milei queda vigente y no puede volver a ser tratado en el presente año legislativo. Si la oposición logra los dos tercios y anula el veto, la cuestión deberá tratarse en el Senado, donde hay más garantías de lograr el objetivo de promulgar la ley rechazada por Milei por el supuesto costo fiscal, que en realidad es del 0,44 del PBI, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

En el “poroteo” cobran más relevancia lo que hagan los bloques de diputados que responden a los gobernadores, por ejemplo, los de la Renovación que habitualmente acompañan a La Libertad Avanza. Para empezar, es claro que el macrista Emmanuel Bianchetti y la libertaria Klipauka no avalarán impugnar el veto de Milei. En junio, cuando la reforma en la fórmula de actualización de las jubilaciones se votó en el Senado, estos dos diputados fueron los únicos por Misiones que votaron en contra. A favor, del proyecto, votaron los diputados Martín Arjol (UCR) y los renovadores, Alberto Arrúa, Daniel Vancsik, Carlos Fernández y Yamila Ruiz.

Ahora bien, al momento de insistir con la ley, es posible que la Casa Rosada logre que los renovadores no acompañen la reforma, se abstengan o se ausenten. De hecho, la oposición no tiene asegurados los números para votar en contra del veto presidencial. Una diputada del radicalismo que bajará a dar quórum y votará contra el veto opinó que entre 6 y 8 diputados están reticentes al rechazo. Y podrían expresarlo con el voto o con la ausencia.

Es claro que, si los renovadores se abstienen de votar, se ausentan o votan en contra de anular el veto, pagarán un costo político importante. No sólo porque garantizando la validez del veto de Milei, perjudican a los jubilados y pensionados, sino por la incongruencia de votar a favor de una iniciativa y después no respaldarla. Sucede con Arrúa, Fernández, Ruiz y Vancsik, algo similar a lo que ocurre con Milei: parecen inmunes a la condena social y actúan en consecuencia.

En tanto, Arjol también podría enfrentar un costo político severo si decide no acompañar la anulación del veto. Sin embargo, este diputado ya acompañó medidas del oficialismo como declarar a la educación como “servicio esencial”, más allá de que fue blanco que críticas lapidarias por parte de sectores docentes.

De todas formas, los números están muy finos en la Cámara baja, que podría lograr algo inédito en las últimas décadas: dejar sin efecto un veto presidencial.

Por otra parte, la sesión del jueves en el Senado ya ha sido oficializada. Debió haber sido la semana que pasó, miércoles o jueves, pero el oficialismo consiguió ganar tiempo gracias a la vilipendiada por el propio oficialismo, la vicepresidente Victoria Villarruel. Se verá si consigue algo más que eso esta semana.

A partir de las 14 horas del próximo 12 de septiembre, el oficialismo podría sufrir dos derrotas consecutivas. La oposición conseguirá convertir en ley la media sanción proveniente de Diputados del Financiamiento de las Universidades Nacionales. Sobre este tema Milei no anunció que va a vetar esta ley que surge del masivo reclamo de fines de abril, donde más de un millón de personas se movilizó para exigir que el gobierno cumpla con el financiamiento de las universidades públicas.

Después, en la misma sesión del jueves, la cámara alta tratará el decreto de necesidad y urgencia (DNU) N° 656/24, que asigna 100 mil millones de pesos de “gastos reservados” al Presupuesto General de la Administración Nacional fondos destinados a la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado), el organismo que maneja el asesor presidencial Santiago Caputo a través de su titular Sergio Neifert. Si como parece, la oposición reúne los dos tercios en el Senado, será la primera vez que el Congreso anula un DNU presidencial.

Al respecto, hay que analizar lo que harán los senadores por Misiones, los renovadores Carlos Arce y Sonia Rojas Decut y el macrista Martín Goerling. Pueden sumarse a las iniciativas para garantizar el financiamiento universitario y para voltear el DNU 656/24 o, todo lo contrario. Lo que hagan los ubicará a favor o en contra de la Casa Rosada, y en caso de alinearse con Milei, también pagarán un costo político importante: los $100 mil millones para la SIDE en medio del “ajuste más grande de la historia”, es un decreto ampliamente rechazado en Misiones y en el país; de la misma manera que cuenta con mucho consenso, una ley que garantice el funcionamiento mínimo de las universidades públicas –no así los salarios de los profesores.

Como sea, el gobierno buscará matizar las derrotas legislativas, con la aprobación de la Boleta Única de Papel, que será con modificaciones, por lo que deberá volver a Diputados, pero con garantías de aprobación. El oficialismo no tiene asegurados los votos para conseguir aprobar este texto que modifica la Ley 19.945 (Código Electoral), y se espera que los renovadores Rojas Decut y Arce voten en contra de la iniciativa, que es incompatible con la vigente Ley de Lemas en Misiones.