Política
Si el gobierno de Milei logra la eliminación de la figura del femicidio, 300 condenados podrían salir en libertad
Juristas y abogados del Gobierno advirtieron al presidente ultraderechista y al ministro de Justicia Cúneo Libarona, que cientos de detenidos podrían solicitar ser juzgados por la ley más benigna. Decenas de femicidas condenados en Misiones se verían beneficiados por esa reforma.

El gobierno de Javier Milei sigue intentando defender el discurso
del mandatario en el Foro de Davos, luego de las acusaciones por homofobia y
misoginia en su contra, por lo que, esta semana, la Casa Rosada anunció que
enviaría un proyecto de ley para eliminar la figura del femicidio del Código
Penal.
Con el supuesto principio de “igualdad ante la ley”, el gobierno
ultraderechista apunta a eliminar lo que consideran
discriminación positiva, no sólo en lo que refiere a la violencia contra la
mujer –y los asesinatos donde media el odio de género–, sino también en los
cupos laborales para mujeres, personas transgénero y otras minorías, entre otros puntos.
Sin embargo, especialistas y técnicos de la Casa Rosada advirtieron
que de aprobarse una norma que suprima la figura del femicidio como agravante en
el Código Penal, más de 300 femicidas podrían conseguir la atenuación de sus
penas o recuperar su libertad, por el principio del juzgamiento por la ley más
benévola.
En su discurso en Davos, Milei repudió la ideología de género
y afirmó: “Llegamos, incluso, al punto de normalizar que en muchos países
supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama ‘femicidio’, y eso
conlleva una pena más grave que si uno mata a un hombre solo por el sexo de la víctima;
legalizando, de hecho, que la vida de una mujer vale más que la de un hombre”.
Luego de ese discurso calificado de homofóbico, transfóbico y
misógino, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona posteó en X el 24 de
enero: “Vamos a eliminar la figura del femicidio del Código Penal Argentino;
porque esta administración defiende la igualdad ante la Ley consagrada en
nuestra Constitución Nacional. Ninguna vida vale más que otra”.
En la misma línea, se expresó el ministro de la Vocería
Presidencial, Manuel Adorni, quien ante una pregunta de una periodista española
de la agencia EFE respondió de manera violenta y desubicada, agrediendo en un
plano personal a la cronista. “La verdad, si me matan y también te matan a vos,
me gustaría que el trato sea igual y no que vos no tengas ningún tipo de
connotación adicional por eso”, opinó el portavoz presidencial.
Sin embargo, de acuerdo con La Nación, cuando los técnicos
empezaron a analizar las consecuencias que tendría un proyecto de ley para
derogar el femicidio, advirtieron que podría tener consecuencias no deseadas,
como beneficiar con una reducción de pena, o con la libertad, a los a los
homicidas condenados bajo esa figura penal.
Esto se debe a que en derecho rige el principio de la
aplicación de la ley más benigna. Y, en caso de una reforma, aún en los casos
de aquellos presos cuyas condenas hayan quedado firmes por la intervención de
la Corte Suprema, podrían pedir una revisión que los beneficie.
Si se aprueba la ley que impulsa el gobierno ultraconservador
de Milei y se elimina el agravante de femicidio, la prisión perpetua cae y se
reduciría la condena. Un efecto directo sería que los condenados por femicidio,
es decir, los femicidas, puedan acceder a la libertad condicional.
De acuerdo con el diario nacional, a la fecha hay al menos 306
condenas por femicidios, según consta en la base de datos de los fallos Unidad
Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General
de la Nación. En solo 10 causas de condenas por femicidio de estas 306, no se
aplicó la prisión perpetua.
Además, la Oficina de la Mujer de Corte Suprema de Justicia
elaboró un informe, disponible en el sitio web del máximo tribunal hace más de
un año, donde señala que desde 2017 al 2023 crecieron en un 21,9 % las
imputaciones iniciales en los casos de homicidios agravado por violencia de
género.
Los crímenes donde medió la violencia de género, pasaron del
56,9% de los casos en 2017 al 78,8% en 2023. El promedio de imputaciones
iniciales que contemplaron violencia de género para todo el período (2017 –
2023) fue de 65,9%. Esta cifra aumenta hasta el 66, % si se consideran además
la agravante por odio de género.
Para que el asesinato de una mujer sea considerado “femicidio”,
“tiene que mediar una violencia particular, que se enmarca en un contexto
específico. La diferencia sustancial entre el femicidio y el homicidio es que
el primero está determinado por razones de género. El femicidio refunda y
perpetua los patrones que culturalmente han sido asignados a las mujeres:
subordinación, debilidad, sentimientos, delicadeza, feminidad, etc. Los actos
femicidas están arraigados en un sistema que refuerza la discriminación y el
desprecio contra las mujeres y sus vidas. A su vez, reproducen los estereotipos
de la masculinidad asociada a la fortaleza física y al poder para controlar las
vidas y los cuerpos de las mujeres, para, en última instancia, preservar los
órdenes sociales de inferioridad y opresión”, sostiene el protocolo de
actuación de la justicia para abordar estos casos.
Así los femicidios, definidos como muertes violentas por
razones de su género, están definidos desde 2008 en el Mecanismo de Seguimiento
de la Convención de Belem de Pará (MESECVI) que funciona en el ámbito de la
OEA. La definición legal indica que el femicidio es “la muerte violenta de
mujeres por razones de género, ya sea que tenga lugar dentro de la familia,
unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal; en la comunidad,
por parte de cualquier persona, o que sea perpetrada o tolerada por el Estado y
sus agentes, por acción u omisión”.
En el Código Penal Argentino se introdujo esta agravante en el
año 2012, mediante un proyecto de ley que votó inclusive, la actual ministra de
Seguridad Patricia Bullrich –que por entonces era diputada nacional–, luego del
asesinato de Wanda Taddei en 2010 a menos del baterista de Callejeros Eduardo Vázquez.
Este último fue condenado a prisión perpetua y se vería beneficiado si se
elimina la figura del CP.
También fue importante para que la cuestión llegue a la agenda
pública y se apruebe la reforma del CP, el crimen de las turistas francesas Cassandre
Bouvier (29) y Houria Moumni (24) que fueron robadas, violadas y asesinadas en
Salta en julio del 2011.
En la provincia de Misiones, hay decenas de femicidas
condenados que también se verían beneficiados con la eliminación de la figura
del femicidio que impulsa el gobierno de Milei, que presentaría un proyecto en
este sentido al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.