Con fuertes cuestionamientos al proceso que definió el juez de instrucción Fernando Verón contra los 7 policías y el suboficial retirado Ramón Amarilla, el abogado de los acusados de “sedición”, Ramón Grinhauz insistió en que en una Estado de Derecho, no se los puede tener detenidos preventivamente e incomunicados, sobre todo, teniendo en cuenta las pruebas “endebles” que se produjeron contra los delegados y referentes de la mesa de diálogo policial, que tiene un reclamo por salarios dignos. “Esto es un reclamo salarial, no le demos más vueltas a eso”, insistió Grinhauz, en diálogo con LT4 y AgenciaHoy este martes, previo a la audiencia indagatoria a la que fue citado el agente recientemente exonerado Diego Correa.

“En este momento citaron a Correa, estamos hablando de la segunda causa. Porque hoy tenemos también unas situaciones con relación a la causa madre. Así que voy a repartirme entre el juzgado de instrucción 6 (a cargo del juez Ricardo Balor) y el juzgado de instrucción 3 (que preside el juez Verón), donde hoy lo citaron para las diez de la mañana a Correa, hacer una ampliación de indagatoria. Así que bueno, estaremos presentes y veremos cuál es la nueva imputación que se le se le realiza a Correa”, comentó Grinhauz, diferenciando las dos causas por supuesta sedición.

Sobre este punto, cabe recordar que hay una causa por la supuesta sedición en el juzgado de Balor, que se originó en mayo por una denuncia del ministro de Gobierno Marcelo Pérez, y una segunda que comenzó la semana pasada a raíz de los mensajes telefónicos en el grupo “Solo Cola”, encontrados en el teléfono de Correa. En la causa que instruye Balor, “los elementos probatorios que se llevaron a cabo y las indagatorias.”

“Hoy hay dos nuevas indagatorias en esa causa de inducción 6, que ya estamos próximos a ingresar para tomar esa declaración. Y después tenemos la otra causa, que es a raíz de la denuncia del oficial Morel (contra Correa), que desencadena esta serie de detenciones (ordenadas por el juez Verón)”, precisó el abogado, diferenciando ambas causas, la última de las cuales desembocó en 8 detenciones y el traslado del vocero de la mesa de enlace policial, Ramón Amarilla, al penal de Cerro Azul.

Al respecto, Grinhauz insistió que ese traslado a 70 kilómetros de Posadas, “dada estas circunstancias, implica un desgaste también por parte de la defensa, por lo que es el traslado y la comunicación que uno tiene que tener con el detenido. (Especialmente) teniendo en cuenta los elementos supuestamente probatorios que habría en la causa, que son muy exiguos. Hoy posiblemente hago una presentación a los efectos de saber el estado de salud del suboficial Amarilla, que ya de por sí tenía algunos problemas de presión arterial. (El traslado) hace que la situación por la que esté pasando en este momento se pueda agudizar”, alertó el abogado.

“Trataremos de tenerlo en Posadas, porque no veo ningún motivo para tenerlo persona que se presentó voluntariamente (ante la Justicia). No se profugó, no se escondió, no hizo nada. Se presentó voluntariamente a disposición de la justicia. Me parece que no hay correlato si yo me presento, con que me alejen del lugar donde se desarrolla la causa y de la familia. Lamentablemente esto pasa”, cuestionó Grinhauz, quien en otro tramo de la entrevista, insistió en que no hay ningún motivo brindado oficialmente para justificar la detención de Amarilla en Cerro Azul.

Consultado al respecto, Grinhauz consideró que “es una prueba muy endeble”, y que inclusive es discutible que sea prueba de sedición, que los policías detenidos hayan intercambiado mensajes de audio en los que hablaron de iniciar incendios para luego robar autobombas. “Vamos a tener que inclusive tratar de poner un perito de parte también para que controle lo que se extrae de los teléfonos. Tenemos que hacer todo”, recalcó el exjuez de instrucción.

Para Grinhauz, las detenciones no pueden ser la respuesta a un reclamo salarial. “Lo dije siempre, lo vuelvo a repetir, esto es simplemente un reclamo salarial, no den vuelta una cosa con otra, es un reclamo salarial. Se soluciona con una mesa de diálogo que se venía llevando a cabo. El gobierno reconoce a una mesa de diálogo a los efectos de dar una solución a un problema salarial puntual. Se sienta a una mesa, se dialoga”, recordó Grinhauz, para quien es un contrasentido considerar un intento de desestabilización del gobierno, “considerar que una protesta o un reclamo o una marcha cómo hace la CGT o lo que sea”.

“Yo me recuerdo, si bien más lejos las expresiones de algunos referentes sociales con respecto al gobierno de turno e inclusive de algunos funcionarios de gobierno a nivel nacional eran expresiones un poco de elevadas de tono y nunca le hicieron ninguna causa ni por atentado democrático ni por sedición. Y tenían manejo de gente, porque tenían caja y tenían el manejo de gente. Acá (con el reclamo policial) no hay caja, acá no hay otro interés que es la mejora salarial”, subrayó Grinhauz.

En cuanto a si hay persecución política contra los delegados y referentes de la policía de Misiones, Grinhauz fue cauto insistiendo en que la solución al reclamo salarial, no pasa por detener a referentes. “Acá no es solamente echar más leña al fuego, seguir con ciertas actuaciones o lo que fuere. Acá hay que solucionar el problema. ¿Se puede solucionar? Considero que sí se puede solucionar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sentarse a una mesa y seguir dialogando. El diálogo es lo que lleva a una solución, a una conclusión de todos estos problemas. No hay otra alternativa acá. Pero hay que tener voluntad de diálogo, nada más que eso”, destacó Grinhauz, poniendo de relieve una posible falencia del gobierno provincial.

En cuanto a la exoneración contra los 7 policías y el retirado Amarilla, firmada por el gobernador Hugo Passalacqua este sábado, Grinhauz trajo a colación un dato significativo para los uniformados: en el acta acuerdo firmada para terminar con el acampe policial sobre la avenida Uruguay, “según lo manifestado por ambas partes no se iban a tomar ningún tipo de medidas administrativas con relación a eso, evidentemente ocurrió lo mismo (las sanciones) y bueno se siguieron adelante con las medidas administrativas y bueno, y esto es el desenlace”.

“Pero en ese lugar del acampe de la Avenida Uruguay, no había solo veinte personas ni cincuenta personas. Los únicos que están hoy imputados son prácticamente si veinte, treinta personas, pero yo no vi solamente esa cantidad de gente ahí, ¿se entiende? Entonces tendrían que llamar a todos, digo me parece. Es algo objetivo, porque si veinte personas logran hacer todo lo que dicen que pueden lograr hacer, bueno son unos genios”, ironizó Grinhauz, insistiendo en que “si nos ponemos a analizar la situación de cada uno (de los policías detenidos o procesados), no son guerrilleros de Sierra Maestra, ni (terroristas de) Hezbolah, ni de Hamas , ni nada de esto”.

En esta línea, Grinhauz recalcó que Amarilla, Correa y los otros seis policías detenidos, están acusados de haber “formado parte de un grupo de WhatsApp donde se dialogaba, se hablaba, se decían cosas, eso es lo que hay. No hay no hay acción directa de nada, no es no es puesta en acto de lo que se dice ahí, o alguna respuesta, no hay. Para mí forma de ver no es material suficiente para ordenar tamaña medida de detención, incomunicaciones y hacer todo lo que ya se hizo”, sentenció el abogado, pidiendo morigerar “la situación estos detenidos, que son ocho en total por ahora.”

En un tono crítico hacia el juez que interviene en la causa, Grinhauz recordó que “todos los delitos son excarcelables. Sino con esta gente qué vamos a hacer, los vamos a dejar (presos) de por vida, por las dudas. Está bien, condenemos, listo, ya está, es decisión, terminó, no hay defensa, no hay nada. Perfecto. Ya está tomada una decisión. Pero es interesante vivir en un Estado de Derecho. Sería lo ideal”, disparó Grinhauz apuntando a la presunta inconstitucionalidad de las detenciones de los acusados en la causa de los mensajes de whatsapp.

Por último, Grinhauz dejó en claro que el gobierno no brindó ninguna explicación del traslado de Amarilla a Cerro Azul y se refirió a la posibilidad de que el traslado esté motivado por un intento de desalentar demostraciones de apoyo al vocero de la Mesa de Diálogo Policial. “Objetivamente ninguna persona puede ser alejada en esta circunstancia, en este momento, ni de la de la defensa, porque es engorroso al realizar esos traslados, ni de la familia. No hay motivo. Otros motivos que pudiesen existir y poder haber, la verdad que yo los desconozco, no debería ser así. Porque acá hay muchos lugares para detener policías y no veo la necesidad de llevarlo a más de 70 kilómetros”, concluyó.