El gobierno reglamentó la parte laboral de la Ley Bases que se aprobó en el Congreso de la Nación, con el apoyo de la “oposición dialoguista” y para el presidente Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, Dr. Matías Cremonte, no caben dudas que la reforma empeorará las condiciones de las personas que trabajan, incrementará la informalidad laboral y aumentará el desempleo en Argentina, como ocurrió en la década del 90’ y en todas las partes del mundo en las que se aplicaron reformas laborales regresivas.

En diálogo con LT4 este lunes, Cremonte remarcó que, con la reglamentación promulgada por el gobierno de Javier Milei, habrá un impacto negativo en todas las personas que actualmente tienen trabajo, ya sea estatales o privados, formales o informales. “Se aprobó la una reforma laboral muy profunda y para todas las personas que trabajan en relación de dependencia va a haber cambios negativos en todos los casos”, plantó el abogado laboralista. 

“Es una ley que perjudica a las personas que trabajan”, sentenció Cremonte, aclarando que “esto no es una apreciación”, porque ni siquiera “quienes defienden la ley o la promovieron, dijeron que esto iba a mejorar la vida o las condiciones de trabajo de las personas que trabajan”.

En esta línea, Cremonte subrayó que “nadie” entre los que acompañaron la ley –vale recordar que todos los diputados nacionales y senadores por Misiones votaron a favor del capítulo laboral de la Ley Bases– sostiene que la reforma mejorará las condiciones de trabajo. “Nadie lo dice. En todo caso, lo que se plantea es que es necesario este sacrificio y que una reforma laboral en estos términos, regresiva, es decir, que resta derechos, es importante y necesaria para que crezca el empleo, crezca la economía, (que la ley) tiene efectos sobre la economía en general o sobre el empleo, sobre el mercado de trabajo de manera indirecta, pero no sobre las personas que trabajan”, subrayó Cremonte.

Repreguntado sobre cuál es el principal cambio que se observará en el mundo laboral argentino, tras la reglamentación de la ley, Cremonte insistió en que “ese fundamento de la ley de largo plazo, es decir, de que empeorar la vida de las personas que trabajan con una ley de estas características, en realidad va a redundar en un beneficio general para la economía, está demostrado que es falso”.

“En Argentina y en el mundo, cada vez que una reforma laboral que se implementó tuvo estas características regresivas. El resultado fue negativo. En ese día lo vivimos en los años noventa. Pasamos de un desempleo del 4 por ciento, un desempleo del 25 por ciento. Y el fundamento fue el mismo: se planteaba que esto era necesario para mejorar los niveles de empleo”, subrayó Cremonte.

En esta línea, el abogado laboralista reveló que, a nivel global, está probado que las reformas laborales regresivas impactan negativamente en los indicadores macroeconómicos. “La Organización Internacional del Trabajo, es el organismo de Naciones Unidas especializada en este tema, hizo un estudio sobre más de 60 países que reformaron su legislación laboral en los últimos años de todos los continentes y países, desarrollados y no tan desarrollados, y en todos los casos, cuando la reforma laboral fue regresiva, el resultado fue negativo, los indicadores económicos y sociales empeoraron”, advirtió Cremonte.

Para el abogado, este efecto socialmente negativo de las reformas laborales regresivas se debe a que la normativa laboral no incide en la actividad económica. “En realidad, una reforma, una legislación laboral no incide en nada, esa es la conclusión, en la creación de empleo. Lo que incide en la creación de empleo o de la economía es la política económica en general”, antes que “esté en mejores o peores condiciones para las personas que trabajan”.

Por otra parte, Cremonte apuntó a otro efecto nocivo de la reforma laboral implementada por Milei y sus aliados políticos, que es el que se desprende de la flexibilización de las normas que rigen la registración de los empleados. El letrado explicó que la reforma no cambia los plazos de los empleadores para registrar a sus trabajadores, y “sigue siendo obligatorio, por supuesto, registrar una relación laboral. Lo único que ahora ya no hay más consecuencias para quien no lo haga”, apuntó.

“Si alguien contrataba hasta la vigencia de la ley (laboral anterior) a alguien y no lo registraba, ese trabajador o trabajadora podía intimarlo a que lo haga, y luego normalmente cuando la relación laboral terminaba, iniciaba un reclamo para que le paguen la indemnización. Y entonces, tenía la posibilidad de reclamar una indemnización agravada, porque la relación no había estado registrada y entonces había sufrido un daño mayor que alguien que despedido y la relación (laboral) había estado registrada. Porque quien lo hacía de manera no registrada, no tuvo aportes a la seguridad social, no tuvo obra social, no tuvo ART”, explicó Cremonte.

“Ahora se eliminaron esas esas indemnizaciones agravadas, y entonces ya no hay ninguna consecuencia. El plazo (de registración) sigue siendo el mismo (…) sólo que ahora, si no lo hace, no hay ninguna consecuencia”, subrayó el abogado laboralista.

De acuerdo con Cremonte, la eliminación de las indemnizaciones agravadas estimulará la informalidad laboral, porque es más barato para los empleadores no registrar a un trabajador. “Yo imagino que lo que habrá es más empleo registrado, porque quien registra a los trabajadores va a estar en una condición desventajosa, frente quién no registra. Supongamos que es una competencia, que es una empresa que produce lo mismo, una va a tener un costo mucho menor porque no registra, y la otra un costo mayor. (Entonces) la que registra va a dejar de hacerlo. Es casi lógico”, sentenció el abogado, demoliendo uno de los argumentos de quienes defendieron la reforma laboral: que supuestamente incrementaría la registración en el sector privado y mejoraría la recaudación del Estado. 

Sin embargo, Cremonte llamó la atención sobre otro derivado de la reforma laboral: los empleados estatales perderán la estabilidad. Con la reglamentación del capítulo laboral de la Ley Bases, “hubo cambios en el empleo público. El más profundo es el que de algún modo termina con la estabilidad en el empleo público”, comentó el abogado.

Sobre este punto, Cremonte argumentó: “La Constitución Nacional prevé en el artículo 14 bis que los empleados públicos tienen una garantía de estabilidad del empleo. Porque cada gobierno que asume tiene la tendencia a despedir, a producir un despido masivo del personal que está, porque piensa que pertenece al partido político que gobernaba antes, y entonces pone a lo de su partido político. Ese fue el fundamento de la estabilidad en el período en 1957”, detalló Cremonte, aclarando que esa ley de contratación en el Estado “siempre tuvo excepciones.”

“Ahora se establece que, si una si el gobierno considera que una persona sobra, porque la dotación ‘óptima’ debe ser menor, lo puede despedir e indemnizar como si fuera un empleado del sector privado”, concluyó el abogado.