Este jueves, la actual Directora de Educación Técnica del Consejo General de Educación, Rosana Ayala presentó su “renuncia voluntaria e irrevocable al cargo” que ejerce desde diciembre del 2014. Así consta en el Trámite N° 9077/26, iniciado por la propia funcionaria, por Mesa de Entradas del CGE, a las 13.20 hs., del pasado 23 de abril.
Se trata de un movimiento sugestivo: Ayala ejerce el cago desde diciembre del 2014, es decir, hace más de 11 años. Es decir, ya es una histórica funcionaria jerárquica de del CGE, y una de las dirigentes de Adomis, la agrupación renovadora que controla UDPM y a la que pertenecen numerosos funcionarios de educación de Misiones, como el secretario general del CGE, Francisco Carosini, el Director de Educación Superior, Luis Oviedo o la subsecretaria de educación Gabriela Bastarrechea, entre otros.
No hubo anuncio oficial o mayores precisiones de Ayala, para explicar los motivos de su dimisión, que no fue aceptada aún y se encuentra en Despacho General del CGE. En su cuenta en la red social Instagram, su posteo más reciente es del 20 de agosto del 2023. Mientras que en su cuenta en X, Ayala reposteó un mensaje del frente Encuentro Misionero, el frente impulsado por el exgobernador y presidente de la Renovación, Carlos Rovira. Fue el 18 de abril pasado.
Ayala, que se describe en X, como “profesora de Geografia BOP 101 - Directora titular EPET 12 (En uso de Licencia) - Lic en Gestión Educ. - Directora Provincial de Educación Técnica (CGE)”, viene sufriendo cuestionamientos por una serie de decisiones que tomó en los últimos años. De todas formas, fuentes consultadas por Agencia Hoy dejaron a entrever que habría una reestructuración en el CGE, con la desaparición de algunas direcciones.
Quizás la crítica más fuerte a Ayala, tiene que ver con su intervención en el caso del docente de la EPET 7 de Jardín América, José Ángel Britez, a quien la funcionaria no reubicó en otra escuela después de conocerse que está imputado por abuso sexual gravemente ultrajante en el marco de la causa por los abusos y la pedofilia en el Instituto Próvolo de La Plata.
Corrupción en el CGE: jubilaron al docente acusado de pedofilia en la causa Próvolo
El escándalo por el caso del docente acusado de pedofilia de la EPEY 7 de Jardín América
Agencia Hoy, fue el primer medio en informar sobre la irregularidad en torno a José Britez, que fue detenido el 29 de abril del 2019 de la EPET 7, en el marco de la causa por los abusos de niños hipoacúsicos en el Instituto Próvolo, en los años 80s. Britez utilizó un fallo de primera instancia en el que se dictaba la prescripción de los delitos –prescripción no implica sobreseimiento–, a fines del 2020 y el CGE, resolvió reinstalarlo como docente en la escuela técnica.
Esa decisión del CGE y de la dirección de educación técnica a cargo de Ayala, fue escandalosa porque la fiscal de la causa, Cecilia Corfield, apeló ese fallo ante la Corte Suprema Bonaerense, que aún no se expidió. Es decir, el fallo de prescripción no estaba firme, pero nadie del CGE se comunicó con Corfield, para conocer el estatus penal de Britez.
¿Qué hizo el CGE que entonces presidía el cuestionado Alberto “Colita” Galarza? Emitió la resolución 966/21, prohibiendo a Brítez, estar al frente de aulas con menores de edad. Firmada por la entonces Secretaria General del CGE Norma Cuquejo y por Galarza, el 7 de abril del 2021, la resolución 966/21 en su artículo 2° ordena “EXCLUIR (a Britez) del Padrón para 0cupar cargos de interinatos y/o suplencias en escuelas primarias, secundarias y especiales, quedando únicamente habilitado para enseñar en escuelas de adultos y escuela de contextos de privación de libertad”,
En tanto, el artículo 3° de la resolución 966/21, faculta “a la Dirección de Educación Técnica, que proceda a ubicar provisoriamente y/o definitivamente al Señor José Ángel Britez (…) en otro establecimiento escolar y/o, dependencia del Consejo General de Educación”. Sin embargo, la directora de educación técnica Rosana Ayala, incumplió con la resolución y consintió la reinstalar a Brítez en la EPET 7.
En otras palabras, el CGE bajo la gestión de “Colita” Galarza, decidió sobreseer a Britez con un fallo de prescripción de primera instancia en una causa por pedofilia, pero recomendó que el profesor de informática no esté al frente de aulas de primaria y secundaria. Ayala nunca explicó qué hizo respecto de la resolución 966/21, que se incumplió durante años: en noviembre del 2024, cuando Agencia Hoy descubrió que Britez seguía como docente de la EPET 7, el profesor figuraba como titular o interino en 42 horas secundarias –sin suplentes– y en otras 42 horas secundarias, pero con suplentes.
A la fecha, Britez consiguió que lo jubilen, pese a que debería haber un sumario abierto hasta que se resuelva la cuestión de fondo en la Justicia Bonaerense respecto de los abusos gravemente ultrajantes, un crimen que no prescribe.
Vale recordar que, el 29 de octubre pasado, por medio de la Resolución N° 7236/25, el CGE que preside Daniela López, autorizó la jubilación del acusado de violar a niños hipoacúsicos, José Ángel Britez. El trámite N° 22433/25 (“Jubilación-Ordinaria Resolución N°3782/25 – I.P.S.”) que fue iniciado por Britez, el 11 de septiembre del 2025, culminó con la resolución mencionada
Cabe recordar que, fue la propia Daniela López, quien firmó otra resolución para reinstalar a Britez en la EPET 7. Fue el 8 de mayo del 2024, cuando López y la prosecretaria general del CGE Ana Glinka, firmaron la resolución 1484/24 que viola en todos sus términos lo que el CGE ordenó en abril del 2021, a través de la resolución 966/21.
“Próvolo”, la palabra “prohibida” en el CGE y en la EPET 7 de Jardín América
El incumplimiento de la Resolución 966/21 en la que incurrió Ayala
A principios de diciembre del 2024, la docente Carolina Domínguez, de la Asociación Misionera de Profesionales de la Educación (AMIPE), señaló a Agencia Hoy que “se obvió totalmente esta resolución. La 966/21 le ordena principalmente a Rossana Ayala (titular de la Dirección de Educación Secundaria Técnica del CGE) a que lo reubiquen. Y es específica en dónde. Dice que sea en Epjas (Escuela de Jóvenes y Adultos), que esté enfrente de alumnos mayores de edad o en contexto de encierro”, detalló Domínguez.
De hecho, la docente de Amipe recalcó que la resolución mencionada, “inclusive dice (reubicar a Britez) en otros espacios dependientes del CGE, que eso es lo que suelen hacer para que no estén en estos casos en contacto directo con alumnos. Evidentemente (Rosana) Ayala obvió esta resolución, no hizo caso. Y lo más grave aún es que, como habíamos visto que, en el 2019, este señor (Britez) contaba con nueve horas (como docente en la EPET 7) y desde el 2021 al 2024 aparece con el tope de horas. Es gravísimo porque, en teoría, tampoco debería aparecer en el padrón como para que se lo designen en otras horas”, subrayó Domínguez.
En consecuencia, si la resolución 966/21 prohibía que Britez acceda a cargos en la educación primaria y secundaria, “¿cómo llega a tener horas si no debería estar en el padrón? Todo es una irregularidad porque primero: cómo el departamento de legales (del CGE), siendo que es un equipo de abogados, recomienda el sobreseimiento (del sumario administrativo contra) esta persona, sin que se cumplan todas las instancias judiciales. Había instancias que todavía no se cumplimentaron y ellos sugirieron que se le sobresea al docente”, recordó la docente, en alusión a la apelación de la fiscal Cecilia Corfield a la Corte Suprema Bonaerense, contra el fallo de prescripción que le dictó la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires.
“Lo mismo cree la Junta de Clasificación y Disciplina, porque también se le hace consulta a ellos y también creen lo mismo: que había que tomar estas medidas (reubicarlo, alejarlo de aulas de primaria y secundaria) con este hombre. Y pese a todo eso, no se hizo nada, porque ese señor siguió en el mismo lugar donde estaba prestando servicio”, subrayó Domínguez, en contacto con este portal.
Pedido de informes en la Legislatura de Misiones sobre el caso Britez y la actuación de Rosana Ayala
El escándalo en torno a Britez, que afecta de manera directa a Rosana Ayala, fue tan grave que, hasta motivo pedidos de informes de varios diputados provinciales, como los legisladores (mandato cumplido) Galdis Cornelius, Micaela González Coria y Horacio Loreiro y la diputadas Rosi Kurtz.
En el pedido de Loreiro y Coria, presentado el 10 de diciembre del 2024, los entonces legisladores del PRO señalaron una serie de puntos que fundamentaron su pedido, uno de los cuales apunta a la responsabilidad de Rosana Ayala.
En ese pedido de informes que fue cajoneado por el oficialismo provincial en la Cámara, los diputados solicitaron “indicar y remitir con copia certificada todas las medidas y actuaciones administrativas tomadas por parte del Consejo General de Educación y el Colegio EPET N°7 de la localidad de Jardín América ante tan aberrantes hechos delictivos imputados al nombrado docente.”
Pidieron que se brinde “Justificación y razones por las cuales el 22 de Diciembre del año 2.020 el Consejo General de Educación a través de la Dirección de Asuntos Legales, a cargo de Tomás Vilte y del Departamento Jurídico, a cargo de Javier Mendieta, procedió a dejar sin efecto el sumario administrativo impetrado, dictándose sobreseimiento, sin haber tenido en cuenta el pedido de apelación de la Fiscal.”
La mención a Ayala en torno al escándalo en torno a la EPET 7 y la causa Próvolo
Asimismo, Loreiro y González Coria solicitaron “indicar los requisitos necesarios para la solicitud de horas docentes y justificar por qué se omitió lo dispuesto en la Resolución N° 966/2021 que en su artículo segundo transcripto reza lo siguiente: “EXCLUIR del Padrón para ocupar cargos de interinatos y/o suplencias en escuelas primarias, secundarias y especiales, quedando únicamente habilitado para enseñar en escuelas de adultos y escuela de contextos de privación de libertad”. En razón de que, al docente informático, José Ángel Brítez, se le han otorgado 42 horas cátedras, la máxima cantidad que puede aspirar un docente.”
El cuarto punto del pedido de informes, menciona puntualmente a la saliente Rosana Ayala. “Indicar si se han tomado o tomaran acciones e investigaciones internas respecto al esclarecimiento y la responsabilidad, por acción u omisión, de la titular de la Dirección de Educación Técnica, Rosana Ayala, por la asignación irregular de semejante cantidad de horas docentes contrariando lo emanado de la Resolución N° 966/2021, del titular de la Dirección de Asuntos Legales, Tomás Vilte, el titular del Departamento Jurídico, Javier Mendieta, el Supervisor Juan Eduardo Montiveros y el vocal de la Junta de Clasificación y Disciplina de la Rama Secundaria, Miguel Pintos.”, precisaron los diputados en el proyecto de comunicación.
En sus fundamentos, González Coria y Loreiro señalaron que José Ángel Britez “está acusado de abusar sexualmente de niños sordomudos en el Instituto Próvolo. A pesar de la gravedad de las acusaciones, el sumario administrativo fue dejado sin efecto, dictaminando su sobreseimiento. El profesor ha sido asignado a la máxima cantidad de horas cátedras, a pesar de la existencia de una resolución que lo excluye de ello”, plantearon.
“Mediante el presente proyecto se busca garantizar que se tomen todas las medidas necesarias para proteger a los niños y evitar que se repitan situaciones de abuso y se busca determinar si las decisiones tomadas han sido objetivas e imparciales, o si han estado influenciadas por otros factores”, indicaron, por entonces los diputados.
