El resonante caso del profesor José Ángel Britez, acusado de abusos sexuales agravados y corrupción de menores en el Instituto Próvolo de La Plata pero que tiene casi 20 años como docente de la Escuela Provincial de Enseñanza Técnica N° 7 de Jardín América (CUISE 4007), con el máximo de horas secundarias, sigue generando repercusiones y la agrupación de docentes Amipe, que integra Carolina Domínguez, va a presentar pedidos de informes al Consejo General de Educación de Misiones (CGE) La docente confirmó a Agencia Hoy que presentarán un reclamo formal al organismo que preside Daniela López, para determinar a los responsables de la insólita situación que benefició a Britez: pese a que la resolución 966/21 del CGE recomendaba que el profesor sea reubicado en otra escuela y no pueda aspirar a cargos interinos o suplentes en el nivel inicial y medio, la titular de la Dirección de Educación Secundaria Técnica Rossana Ayala, lo reinstaló como docente en esta escuela, y le asignó el máximo de horas secundarias (42 horas)

Consultada por Agencia Hoy respecto del contenido de la resolución 966/21, firmada por el expresidente del CGE, Alberto “Colita” Galarza y la exsecretaria general del Consejo, Norma Cuquejo, que ordenaba reinstalar a Britez en el sistema educativo pero ordenaba reubicarlo en otro puesto de trabajo, impidiéndole aspirar a suplencias e interinatos en los niveles primario y secundario, Domínguez dejó en claro que es gravísimo que esta persona esté al frente de alumnos en la EPET 7 hasta el miércoles pasado.

“Es sumamente grave que este hombre esté frente a los alumnos ¿no? Porque en realidad se obvió totalmente esta resolución. La 966/21 le ordena principalmente a Rossana Ayala (titular de la Dirección de Educación Secundaria Técnica del CGE) a que lo reubiquen. Y es específica en dónde. Dice que sea en Epjas (Escuela de Jóvenes y Adultos), que esté enfrente de alumnos mayores de edad o en contexto de encierro”, detalló Domínguez.

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De hecho, la docente de Amipe recalcó que la resolución mencionada, “inclusive dice (reubicar a Britez) en otros espacios dependientes del Consejo General de Educación, que eso es lo que suelen hacer para que no estén en estos casos en contacto directo con alumnos. Evidentemente (Rossana) Ayala obvió esta resolución, no hizo caso. Y lo más grave aún es que, como habíamos visto que en el 2019, este señor (Britez) contaba con nueve horas (como docente en la EEPET 7) y desde el 2021 al 2024 aparece con el tope de horas. Es gravísimo porque, en teoría, tampoco debería aparecer en el padrón como para que se lo designen en otras horas”, subrayó Domínguez.

En consecuencia, si la resolución 966/21 prohibía que Britez acceda a cargos en la educación primaria y secundaria, “¿cómo llega a tener horas si no debería estar en el padrón? Todo es una irregularidad porque primero: cómo el departamento de legales (del CGE), siendo que es un equipo de abogados, recomienda el sobreseimiento (del sumario administrativo contra) esta persona, sin que se cumplan todas las instancias judiciales. Había instancias que todavía no se cumplimentaron y ellos sugirieron que se le sobresea al docente”, recordó la docente, en alusión a la apelación de la fiscal Cecilia Corfield a la Corte Suprema Bonaerense, contra el fallo de prescripción que le dictó la Cámara de Apelaciones de Buenos Aires.

“Lo mismo cree la Junta de Clasificación y Disciplina, porque también se le hace consulta a ellos y también creen lo mismo: que había que tomar estas medidas (reubicarlo, alejarlo de aulas de primaria y secundaria) con este hombre. Y pese a todo eso, no se hizo nada, porque ese señor siguió en el mismo lugar donde estaba prestando servicio”, subrayó Domínguez, en contacto con este portal.

Domínguez insistió en que un fallo de prescripción, no significa que Britez sea inocente o que no hayan ocurrido los hechos investigados –por la causa Próvolo de La Plata, hay dos curas con condena por los abusos sexuales agravados y la corrupción de menores.

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“El Consejo General de Educación evidentemente es especialista en hacer caso omiso a todo lo que corresponda a las legalidades. No solamente no se informan (sobre la apelación contra el fallo de prescripción que presentó Britez), sino que tampoco le dan la orden a Legales a que se informe sobre cómo está la causa. Porque la realidad es que el docente interesado puede presentar cualquier papel y el Consejo no sé si tomó los recaudos de llamar y comunicarse con quienes correspondían, para saber si era realmente así (si había prescripto la causa contra Britez)”, enfatizó la docente de Amipe.

En tono crítico hacia el CGE, Domínguez planteó: “¿qué tenemos que hacer nosotros como una agrupación encargada de defender los derechos de los docentes, pero en este caso también de los alumnos y de defender la educación pública? ¿Qué tenemos que considerar? ¿Que si existen otros casos y en el caso de que no se haga público o que una persona no lo denuncie, esto pasa desapercibido por el Consejo? ¿Puede haber otros casos que los alumnos estén en peligro y el CGE no lo conoce o no le preocupa, no le interesa estos casos? ¿Que no le preocupa, no le interesa estos casos? Ese es el verdadero peligro”, subrayó Domínguez, apuntando a que el CGE intervino, reabriendo el sumario administrativo porque el caso se hizo público.

Al respecto, Domínguez resaltó, como viene informando Agencia Hoy, que Britez inició los trámites de jubilación en sus 42 horas de secundaria, en las cuales no debería ser titular (26 horas) e interino (16 horas) si se hubiera cumplido con la resolución 966/21. “Este hombre está solicitando su jubilación, o sea, hizo una carrera en un lugar donde no debería estar, poniendo peligro a lo a los alumnos menores de edad. Y el Consejo no hizo nada, no se preocupó nunca, no hizo un seguimiento de cómo venía este señor, dónde estaba o si se realmente se cumplió la resolución, dónde estaba o si realmente se cumplió la resolución”, planteó la docente.

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“La funcionaria que no hizo nada, Rossana Ayala, sigue en ejercicio. Y no solamente no se tomó medidas, sino que también se le sumaron horas, el tope de horas a este hombre (Britez). Viendo los distintos trámites que se hacían, (Britez) era un privilegiado, porque mientras hay colegas que iniciamos trámites y se demora años y años en resolverlos y en responder, este señor lo hacía en meses. En el mismo mes le respondía todos los trámites, se movían muy rápido”, alertó Domínguez, insistiendo en que “en el mismo mes le respondía todos los trámites”.

Con Britez, en el CGE “se movían muy rápido. ¿Quién está detrás de esta persona? ¿Quién está sosteniéndolo o quién está acomodándolo? Esa es la preocupación. Es realmente preocupante porque no solo se omitieron (pasos legales) sino que lo ayudaron, lo premiaron evidentemente. Esa es la cuestión a resolver”, acusó la docente de Amipe.

“El Consejo jamás cumplió su labor de cuidar a quienes debemos cuidar, que son los alumnos”, sentenció.

Repreguntada sobre cómo le asignaron esas 33 horas extra a Britez (tenía 9 horas como profesor en la EPET 7 cuando lo detuvieron en el marco de la causa por los abusos en el Próvolo de La Plata, el 29 de abril del 2019) Domínguez explicó que esto es un misterio. “La verdad que no sabría decirte porque no hay una resolución de designación. Britez aparece de un momento para otro con esa cantidad de horas (42), cuando no debería ni siquiera de designarle porque no debería aparecer en el padrón de secundaria técnica”, precisó la docente.

“¿Quién dentro del Consejo General de Educación es el responsable que este hombre llegue a estas instancias con el tope de horas solicitando inclusive su jubilación? Pero, además, (hay) responsabilidades del departamento de sumarios y de asuntos legales (del CGE) que emiten un dictamen que recomendaban el sobreseimiento y la reubicación del docente, sin ser considerados los tiempos procesales. Eso, para empezar. Al ser abogados, ellos están obligados a actuar con diligencia y prudencia jurídica, sobre todo cuando hay menores implicados”, planteó Domínguez.

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“Después la Junta de Clasificación y Disciplina que adhiere a este dictamen sin evaluar las implicancias éticas y legales de recuperar a un docente acusado (de abuso sexual agravado y corrupción de menores) ya sea en un padrón, porque también son alumnos con derechos en otro contexto y de igual manera en las Epjas de adultos. No tenemos que olvidarnos que (los estudiantes adultos) son sujetos de derechos sobre todo. Y el CGE que emite esta resolución excluyendo del padrón al colega de ciertas funciones pero que lo habilita a estar en otros espacios”, amplió Domínguez, más bien contraria a que Britez siga al frente de clases en cualquier nivel.

Al respecto, Domínguez llamó la atención sobre la resolución 966/21, recordando que el instrumento legal “autoriza a designar suplentes en esos espacios. Igual no se hizo. O sea, no hay limitaciones”, dijo la docente sobre la insólita situación por la que mantuvieron en su puesto y le sumaron más horas a este docente acusado de pedofilia en perjuicio de chicos de 8 y 10 años de edad en el instituto Próvolo en la década del ‘80 y ’90.

“No hay excusa. Evidentemente a Roxana Ayala nunca le preocupó esta situación y además de eso le sumaron el tope de horas. Esta persona (Britez) estaba frente a los alumnos turno mañana y turno tarde todos los días de la semana (hasta el miércoles pasado) Es inexplicable, porque pareciera que le crearon las horas, pero no aparece la resolución en la que le crean las horas”, puso de relieve Domínguez, y llamó la atención sobre otro tema menos conocido: Britez tramitó una titularización y “se la niegan porque no tiene el título específico, o sea, tampoco tenía todos los papeles en regla”.

Sin embargo, “lo que a mí, más me preocupa son los errores graves que se cometen. Primero, la ausencia de precaución, es decir, no se protegió adecuadamente a los menores priorizando la reubicación sobre la seguridad de estos estudiantes. Britez continuó en el mismo lugar. Después la desconexión que existe con la justicia penal, porque en todos los trabajos donde uno va a presentar su currículum te preguntan e investigan inclusive mucha gente sobre si tenés o no antecedentes penales. Porque eso hace el empleador que contrata un nuevo personal. Bueno, al Consejo General de Educación evidentemente no le preocupa si contrata personas con antecedentes o no. No es algo que le preocupa. No esperan los tiempos legales necesarios para tomar decisiones definitivas tampoco porque levantan el sumario como nada”, recalcó Domínguez.

Asimismo, la docente llamó la atención sobre “la falta de supervisión” en el caso Britez, “porque la reubicación debería haberse realizado en un ámbito sin contacto con menores, algo que no se garantizó, pero que tampoco se detectó después. Porque hay un supervisor que tiene que visitar las instituciones. Un supervisor que debería estar al tanto de este de este de este tema, de esta situación. Sí, porque no vamos a decir que el supervisor está en desconocimiento de lo que era este colega”, fundamentó Domínguez, apuntando contra Juan Eduardo Montiveros, Supervisor de Educación Técnica y Formación Profesional del CGE.

Además, Domínguez insistió con la responsabilidad del caso Britez de la Dirección de Educación Técnica, “que sigue a cargo de la misma funcionaria (Rossana Ayala) Si vos decís, que cambió de funcionario, y se puede haber perdido información. Pero sigue siendo la misma persona. Entonces, hasta el día en que se hizo público, que este hombre seguía al frente de los alumnos, el CGE no se dio por aludido. Como que estaba todo bien, ¿no?”, fustigó.

Prosiguiendo sobre las responsabilidades del caso, Domínguez insistió en que se debe conocer en profundidad, “quiénes son los responsables de esto. No se debe decir, ‘el colega se le jubila y listo, cada uno a su casa’. No, tenemos que encontrar a los verdaderos responsables porque esto no puede volver a pasar. Esto no debe volver a pasar”, reflexionó Domínguez.

Por otra parte, Domínguez comentó que el caso Britez, sienta un precedente inquietante en Misiones, porque se dio de baja un sumario administrativo solo con un oficio judicial y un fallo de prescripción –que no está firme– en una causa por abuso sexual agravado y corrupción de menores.

“No debería ser, pero sí, sienta un presente. La verdad es que yo no conozco otro caso parecido. Sí conozco casos de personas que son acusadas por abusos, inclusive por los mismos alumnos y mientras se realiza la investigación y en el caso del Consejo General de Educación es solamente un sumario, pero las denuncias se tienen que hacer en el ámbito penal y que la causa debe continuar en ese en ese sentido. Al haber un sumario, lo más lógico es que se le corra a la persona acusada, de sus funciones habituales. Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo que lo contrario, pero hay que resguardar a los menores y llevarlo a cumplir tareas administrativas en todo caso, algo que con este señor (Britez) no se realizó”, indicó Domínguez, insistiendo en que en la parte administrativa del CGE, “todos son responsables”.

“El Consejo General de Educación no puede decir que, no sabía de este caso, porque es un caso grave. Es conocido también por la prensa, se hizo público. No hubo un seguimiento y después en el CGE, todos son responsables, el supervisor (Juan Montiveros), el Vocal de Secundario y Superior del CGE (Miguel) Pintos; la directora de la institución (EPET 7, la docente Graciela Borzone) Todos son responsables por omisión o por negligencia. ¿O fue adrede (exprofeso), y alguien lo está encubriendo a este colega y todos hicieron (como que) no lo veían? En un lugar de funcionario, como están ocupando a estas personas, cuando vos no sabés, lamentablemente sos cómplice, porque es tu trabajo saber estos temas”, aseguró la docente de Amipe.

Vinculado a las responsabilidades, Domínguez anticipó que realizarán una presentación formal ante el CGE, “solicitando explicaciones sobre todo (lo ocurrido). Porque nosotros desde Amipe, no solamente defendemos los derechos laborales de nuestros colegas, sino también el cuidado de nuestros alumnos, que son las personas a quienes tenemos a cargo. En cualquier instancia, desde nivel inicial, primaria, secundaria, evidentemente esto no es importante para el Consejo General de Educación, porque mantiene a estas personas (como Britez) frente al alumno con todos los riesgos que ello implica. Gracias a Dios, creemos que no pasó nada más”, enfatizó.

Sin embargo, los funcionarios del CGE, “son los que deben deberían de resguardar, no solamente a los alumnos, sino también a los demás colegas. Porque no nos olvidemos que la mayoría de los docentes en la provincia somos mujeres. Además de que trabajan con alumnos menores de edad. Y en este caso, este hombre siempre estuvo frente a sus funciones como cualquier otra persona”, dijo.

“Vamos a solicitar que el CGE haga un informe. Que informe en qué condiciones está (Britez) y que explique de cierta manera qué fue lo que pasó, quién cometió el error tan grande (como para) que este personaje esté frente al alumno hoy en día y que si no se hiciera público por los medios, nunca se hubiesen percatado aparentemente”, alertó Domínguez sobre la presión social incidiendo sobre la decisión del Consejo de reabrir el sumario contra Britez.

“Aparentemente ese es el formato de trabajo del Consejo: (no intervienen) si no se hace público porque, vamos de la realidad, todos los casos de corrupción que se detectaron en los últimos tiempos, no fueron por una investigación interna o por un período de regularización e intento de información”, subrayó Domínguez.

Y amplió: “Cuando Daniela López asume (al frente del CGE, en marzo), todos pensamos que mínimamente iba a hacer una auditoría interna para conocer cómo se encontraba el Consejo General de Educación. Aparentemente no se hizo porque las irregularidades siguen pasando. Es más, se hacen denuncias y a nadie aparentemente, ni los gremios que tiene la personería gremial, ni las fiscalías, ni las o personas que pueden actuar por oficio, parecen interesarles. Así vemos como acto tras acto tras acto de corrupción quedan impunes y siguen permaneciendo estas personas en el CGE, con total poder sobre las direcciones de Educación Superior y Educación Técnica en este caso”, bramó Domínguez.

“Acá hay evidentemente responsabilidades y eso hay que determinarlo, pero el CGE tiene que dilucidar si es que efectivamente hubo responsabilidades de Directora de Educación Técnica Rossana Ayala, del supervisor Juan Montiveros y de la directora de la de EPET 7. Yo no tengo duda de quiénes son los responsables. Para mí los responsables son todos y no tengo duda porque la resolución 966/21 que emite el mismo CGE en su último en su último artículo explicita bien claro que tienen que darse todos por conocimiento ¿no? Que tienen que enterarse de esta situación”, planteó la docente de Amipe.

“Si Rossana Ayala mantuvo a este señor (Britez en la EPET 7), es más, al que se le sumaron horas (como profesor de secundaria) y no obró, no hubo un informe, pese a que la misma la misma resolución dice que se le habilita a ella (Ayala) a que tome acción y no lo hace. Entonces yo no tengo duda de que la responsabilidad es de Rosana Ayala, pero también es del supervisor (Montiveros), también es del vocal de secundaria y superior (Pintos), que no sé qué funciones está cumpliendo. Porque evidentemente todos estos problemas que pasan en el CGE pasan desapercibidos por este señor”, disparó la docente.

“Y también (hay responsabilidad) del expresidente del CGE que en ese momento fue (Alberto) Galarza, sumando una mancha más al tigre ¿no?”, expresó la docente.

En esta línea, Domínguez también arrojó un manto de dudas sobre los abogados a cargo del departamento de asuntos legales del CGE, a quienes describió como “abogados de dudosa procedencia también, porque no nos olvidemos que el señor Christian Dechat (exsubsecretario de Educación y titular de la agrupación Adomis) también forma parte del departamento de legales, según la documentación que se hizo pública”.

“Son abogados y como tales, tienen responsabilidades jurídicas. No pueden ignorar los tiempos procesales más cuando es (una causa) penal, porque son graves. Entonces, ellos recomiendan el sobreseimiento (de Britez en el sumario iniciado en 2019), aún sabiendo que faltaban instancias (la Corte Suprema bonaerense no resolvió sobre la apelación al fallo de prescripción), que se podía que apelar y en eso está en la actualidad la causa”, fundamentó Domínguez.

En tono crítico hacia el departamento de legales del CGE, Domínguez plantó que “se quedaron con el papelito que trajo este hombre solicitando que se termine el sumario y el Consejo no sé si por (falta de) ganas de trabajar, la verdad que no entiendo, no solicita información. Porque, vamos a la realidad: la (fiscal) no tiene por qué ver dónde está este hombre (acusado), no tiene que estar pensando dónde qué está haciendo, dónde está trabajando para informar lo que está pasando”, subrayó Domínguez.

“El CGE es el que contrata a esta a esta persona, el que le da el trabajo. Entonces es el que tiene que informarse, sobre en qué instancia está esta causa o cómo puede seguir, sobre todo teniendo un departamento de legales y a esto voy porque es grave lo que está pasando. Si el departamento de legales no entiende sobre esto, entonces sobre qué tema sí se puede expedir”, remarcó.

Y Domínguez arrojó un manto de sospechas sobre las designaciones que beneficiaron a Britez, desde, por lo menos, 2021. “En el PON (Planta Orgánica Nominal) de la escuela donde figura este hombre, en cada una de las horas que tiene asignadas, debería figurar el número de resolución por el que se le se lo designa en ese lugar, ya sea por creación o por designación. De igual manera, esto no debería pasar porque el hombre no debería estar ni siquiera dentro del padrón de esa institución”, aclaró la docente.

“Entonces, evidentemente hay alguien detrás, que está apoyándolo (a Britez) Alguien con mucho poder, porque es un personaje que debería estar en la parte administrativa, cumpliendo sus funciones, pero pasan a la justicia por arriba, no acata nada, el CGE no hace el seguimiento y además se lo designan al tope de horas, como premiándolo por lo que pasó”, lanzó Domínguez.

Para terminar con estas prácticas, la docente de Amipe pidió que “el problema es que las resoluciones (del CGE) deberían ser públicas. Deberían estar a la vista de todos. Porque si se hacen las cosas como corresponde, no hay por qué ocultarlas. Es información pública, o sea, son cargos públicos”, reflexionó Domínguez.

Por último, la docente volvió a recordar que “lo más grave es que, otra vez, se toman medidas porque (el caso) se hizo público. Si no se hiciera público, no pasa nada. Y eso es lo grave. Es grave en todos los sentidos de este caso y de muchos otros casos más que nosotros por ahí no tenemos conocimiento. Y entonces tenemos que dar por hecho de que nuestros alumnos están en peligro”, concluyó.