Integrantes del partido por la Vida y los Valores, irán a la justicia contra la resolución firmada el 19 de mayo último por el Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones que prohíbe votar en las elecciones del 8 de junio, a los agentes de la Policía de Misiones, del Servicio Penitenciario Provincial, y de las fuerzas de seguridad y armadas nacionales que cumplen funciones en la provincia.

En una controvertida medida que muchos analistas vinculan con la postulación a diputado provincial de Ramón Amarilla, el exsuboficial retirado que está preso desde septiembre del año pasado por supuesta “sedición”, el Tribunal Electoral definió cumplir con el inciso 10 del artículo 48 de la Constitución de Misiones. De esta forma, los uniformados no podrán votar en los comicios provinciales y municipales.

El Tribunal Electoral había autorizado el voto de las fuerzas de seguridad en las últimas tres elecciones provinciales (2019, 2021 y 2023) a través de resoluciones que mecanizaban la posibilidad de que los efectivos de la fuerza de seguridad pudieran ejercer su derecho al voto como el resto de los ciudadanos, más allá de lo expresado en la Constitución de Misiones.

La disposición quedó formalizada a través del Acta Acuerdo Nº 1221, firmada por el presidente del Tribunal, Dr. Cristian Marcelo Benítez, y los vocales titulares, Dr. Augusto Gregorio Busse y Dr. Andrés Poujade. En la misma se detalla que fueron solicitadas y recibidas las nóminas de personal comprendido en esta prohibición por parte de las siguientes instituciones: Policía de Misiones, Servicio Penitenciario Provincial, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Prefectura Naval Argentina, Ejército Argentino, Seguridad Aeroportuaria y Liceo Naval “Almirante Storni”.

La lista de inhabilitados, confeccionada únicamente con datos de DNI, sexo y nombre y apellido, será utilizada para tachar a los uniformados del padrón electoral oficial. Sin estar en el padrón, no podrán sufragar. Según lo expuesto, por el ministro de Gobierno de la Provincia, Marcelo Pérez durante el análisis presupuestario en la Cámara de Representantes el año pasado, en Misiones, hay 854 efectivos de seguridad por cada cien mil habitantes.

De esta manera se estima que existen más de diez mil policías y 4.500 agentes del servicio penitenciario provincial que no podrán votar en las elecciones provinciales del próximo 8 de junio. A estos deben sumarse los efectivos que integran las otras fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura Naval, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Ejército Argentino).

Reclamo judicial contra la inhabilitación electoral

Para los integrantes de la lista que encabeza Ramón Amarilla, la medida del Tribunal tendrá incidencia electoral. Es que se espera que la mayor parte de los uniformados voten al partido por la Libertad y los Valores, en respaldo de quien fuera el vocero del reclamo salarial del 2024 y de años anteriores. 

Contra esta decisión del Tribunal, el abogado y concejal de Montecarlo Lucas Vega, anunció en sus redes sociales que se presentará ante la Justicia. Según el letrado, “esa cláusula ya fue declarada inconstitucional por el Superior Tribunal de Justicia de Misiones en 2006 (‘Fiscalía de Estado s/ acción declarativa’). El fallo fue claro: la proscripción es arbitraria, discriminatoria y viola normas federales y tratados internacionales”, cuestionó el edil.

“El Tribunal Electoral no solo desoyó ese precedente obligatorio. También omitió realizar el mínimo control de convencionalidad exigido por la Corte Suprema desde ‘Mazzeo’ en adelante. Se limitó a citar una norma inválida, como si nunca hubiese sido anulada”, cuestionó Vega, de acuerdo con el diario El Territorio. Y añadió que “la exclusión masiva de votantes rompe el principio de sufragio universal, igual y obligatorio (art. 37 CN). Lesiona el derecho humano al voto (arts. 23 CADH y 25 PIDCP). Y lo que es peor: vulnera la legitimidad del proceso electoral en curso”.

Asimismo, Vega consideró que “esta medida no solo desconoce la Constitución Nacional. Viola el principio de progresividad de los derechos fundamentales. Reinstala una prohibición derogada de hecho desde hace casi dos décadas. Un retroceso inaceptable”, dijo y anticipó que va a “plantear la inconstitucionalidad del art. 48 inc. 10 de la Constitución de Misiones y la nulidad absoluta del Acta Acuerdo 1221”.

En caso de ser desoídos por los juzgados provinciales y por Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Vega aclaró que dejará planteada la “reserva del caso federal para garantizar la revisión por la Corte Suprema”.

Vega es candidato a renovar su banca por el partido “Por la Vida y los Valores”, cuya lista a diputados provinciales la encabeza Amarilla. De ahí que es uno de los perjudicados por la inhabilitación, en términos electorales.  

Cabe recordar que el partido “Por la Vida y los Valores” fue noticia provincial semanas atrás, porque la segunda candidata a diputada provincial, Rita Flores, tuvo que difundir unas disculpas públicas por haber dicho que eran “golpistas” y “sediciosos” Amarilla y los otros siete policías que integraban la Mesa de Diálogo Policial y están detenidos sin juicio en la causa por supuesto “golpe de Estado”, en el marco del reclamo salarial generalizado en Misiones, entre mayo y junio del 2024.